Dineros bien administrados
Son muchos los que opinan que los destinos del Instituto de Educación e Investigación (IEISA) apuntaban más alto que la financiación de cátedras y becas para las facultades de la Universidad de Navarra. Según esas versiones, los 1.770 millones entregados por Ruiz-Mateos a la institución eran sólo la punta del iceberg de una operación de más envergadura, que hubiera llegado en un plazo de 3-4 años hasta los 15.000 millones de pesetas. Con dos objetivos; por un lado, invertirlo en acciones de Banesto hasta alcanzar un paquete suficiente para sentar a Ruiz-Mateos en el consejo del primer banco privado del país. Por otro, cumplir con los fines benéficos de la institución empleando en ello los rendimientos de esa inversión. El hombre puente de la operación era Gregorio López Bravo, consejero de Banesto y presidente del IEISA, además de íntimo amigo de José María Ruiz-Mateos y miembro, como él, del Opus Dei.La expropiación frustró tan brillante operación logística. Ahora, los dineros del Instituto de Educación "están estupendamente administrados y colocados y no se ha tocado ni un sólo céntimo". Para los actuales administradores del Instituto no hay trampa ni cartón. "Esta es una sociedad anónima, cuyos socios son personas físicas, dedicada a ayudar a estudiantes e investigadores. El Instituto recibió ciertamente unos préstamos extraordinarios de Ruiz-Mateos. ¿Por qué se formalizaron esas letras? Pues no lo sé muy bien; quizá sería porque Rumasa no tenía liquidez en ese momento".
Lo cierto es que de becas y ayudas a estudiantes, por el momento, poco. El Instituto parece atado de pies y manos por culpa de la inspeccion efectuada por Hacienda tras las ayudas de Ruiz-Mateos. El Instituto mantiene que se trata de préstamos a largo plazo, pero Hacienda opina que son donaciones onerosas, por lo que procede la tributación sobre el Impuesto General sobre las Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Total, 1.208,8 millones de pesetas por infracción calificada por el inspector actuario como de "omisión".
Así que el Instituto dice haberse puesto a ahorrar de forma enfebrecida. "Con los beneficios que se han hecho con la inversión de ese dinero, se están haciendo provisiones por si al final la Administración tuviera razón y tuviéramos que pagar esa cantidad. Por lo tanto estamos quietos hasta que el fisco diga finalmente lo que tenemos que hacer".
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