El bien del divorcio
UNA NOTABLE mayoría de la población irlandesa, convocada en referéndum el pasado jueves, ha vuelto a rechazar la legalización del divorcio. Las ideas emitidas durante la campaña por parte de los triunfadores han sido las bien conocidas por los españoles. Concepciones basadas en la moral católica, que establece la indisolubilidad del vínculo, y presagios de descomposición social y degeneración de las costumbres en el caso de permitir su ruptura.Sin embargo, tras cinco años; cumplidos en España por la ley del divorcio, en nada parece haber afectado al tejido social. Mucho más importante ha sido la variación introducida directamente por las nuevas formas de relación -uniones libres, sexualidad no vinculante-, sobre todo en las capas juveniles, que por la legalización de las separaciones conyugales. Unas cifras relativamente altas de divorcios durante los primeros tiempos de la ley, a razón de 56 diarios desde julio de 1981 hasta diciembre de 1982, descendieron rápidamente a 53 en 1983, 48 en 1984, 44 en 1985 y aproximadamente 41 en lo que llevamos (le 1986. No sólo son datos que no habrán de alarmar a quienes creen en una sociedad conyugal estable, sino que les apaciguarán con su decrecimiento constante. La media de las separaciones judiciales durante estos cinco años es de 55 por día, pero no hay que acumularlas a la cifra de los divorcios porque muchas de ellas han terminado también en divorcio.
La disminución continua que aún no puede permitir una consideración de estabilidad -sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de la población en edad matrimonial-, indica que la primera gran oleada es la regularización de situaciones de hecho. Es decir, que el divorcio no ha producido roturas matrimoniales por sí mismo, sino que ha ordenado y organizado lo que ya estaba pasando, y al mismo tiempo ha permitido matrimonios nuevos y quizá más reflexivos. Aunque esta conclusión requiriese también el análisis de los actuales motivos de matrimonio en España.
Al margen de las estadísticas, las consideraciones éticas y sociales muestran que el divorcio ha aportado un bienestar social y moral importante. Ciertamente acentúa o tiñe con su legalidad la existencia de algunas víctimas, ciertos desequilibrios que los psicólogos creen advertir en los hijos de los divorciados o algunas quejas amargas de personas que constituían la parte que no deseaba divorciarse. Pero parece claro que los sufrimientos de los hijos de parejas desequilibradas y condenadas a vivir en común son superiores, y que la sensación de abandono del miembro débil era más grave cuando las medidas de los jueces no les protegían como ahora. En la mentalidad gobernante está la idea de una reforma de la ley que tenga carácter de mayor presión en la cuestión de los alimentos, pero también en la justicia de su fijación teniendo en cuenta situaciones presentes y no residuos de una cultura que minimizaba a la mujer.
En Irlanda, sin embargo, ha primado la adhesión a los preceptos católicos sobre la demanda de la realidad social. Efectivamente, en toda Europa sólo Malta acompaña a Irlanda en esta situación antidivorcista. Para entenderlo hay que tener en cuenta que, en el caso de numerosos irlandeses, el catolicismo forma parte de una causa nacional no extinguida, y que ha estado combinado con el esfuerzo nacionalista para salir de la dominación británica y protestante. La impregnación de esa idea política, versión de lo que aquí se llamó nacionalcatolicismo, puede contribuir a explicar que se haya mantenido el matrimonio indisoluble por ley, a la manera de un vestigio en la actual cultura de Occidente.
