Representantes de 35 puertos ratifican la convocatoria de una nueva huelga del 3 al 12 de junio

Representantes de los estibadores de 35 puertos españoles acordaron ayer en Barcelona reafirmar la convocatoria de una nueva huelga, anunciada entre el 3 y el 12 de junio, "salvo que la Administración se avenga a negociar el contenido de la nueva normativa, en cuyo caso los nuevos paros podrían desconvocarse" según afirmó el portavoz de la Coordinadora de Estibadores, Julián García. Los paros han sido convocados también por los sindicatos CC OO y CNT.

García afirmó también que durante la huelga se respetarán los servicios mínimos para evitar el desabastecimiento de las islas. La asamblea de portuarios reunió en Barcelona a representantes de la gran mayoría de puertos españoles, excepto el de La Coruña y el de Pasajes, que están en contra de los paros. "La moral de los estibadores es alta", manifestó a este diario uno de los portuarios. "Seguramente", añadió, "tendremos que afrontar un proceso similar a las luchas de 1980, aunque en aquella ocasión, en la que los paros duraron 18 meses, estábamos prácticamente solos los portuarios de Barcelona. Ahora somos todos los puertos, con una fuerza muy importante".Los estibadores analizaron negativamente el decreto gubernamental de reestructuración de los trabajos portuarios. Garcia afirmó que, a su Juicio, ha existido un pacto a tres bandas entre la Administración, la gran patronal y la central UGT, para llevar adelante la reconversión. "En otro caso", dijo, reconversión no se entiende que el Gobierno haya afrontado un tema de esta índole en solitario". García añadió que "UGT apoyó los paros hasta que apareció el borrador del decreto, e incluso mantenía una postura más radical y defendía la huelga indefinida, pero luego se descolgó de las protestas esperando que el Gobierno recogiera sus reivindicaciones".

El portavoz de los estibadores manifestó que serán las pequeñas y médianas empresas las más afectadas por la aplicación de la nueva normativa, de tal modo que unos 200 consignatarios pueden desaparecer, para dejar el mercado en mano de las multinacionales del sector. Según los sindicatos, el decreto del Gobierno supone la reducción inicial de 3.000 puestos de trabajo y el despido de otros tantos trabajadores, además de las revisiones de plantilla que se producirían durante los próximos cinco años.

Sin cobertura pública

El representante de CC OO explicó que el decreto-ley no garantiza la cobertura pública de todos los puertos y da poder discrecional al Gobierno para definir el ámbito de actuación en la actividad portuaria. Denunció que las funciones de las sociedades estatales para contratar a los estibadores están poco desarrolladas.Los trabajadores tampoco aceptan el sistema de contratación eventual establecido en el decreto, "porque no hay un control estatal y las empresas portuarias realizan directamente dichas contrataciones, marginando las funciones de las sociedades estatales".

Los representantes de los portuarios manifestaron que en los últimos días han mantenido reuniones con casi todos los grupos políticos parlamentarios, entre ellos con Manuel Fraga. Afirmaron que "no tenemos ningún acuerdo concreto, dado que las reuniones eran sólo para explicar nuestra postura frente al decreto".