El equipo económico convenció a González para anticipar los comicios

El presidente del Gobierno, Felipe González, entregó ayer al Rey, para su firma, el decreto de disolución anticipada de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones legislativas para el próximo día 22 de junio, coincidiendo con las autonómicas andaluzas, decreto que aparecerá mañana en el Boletín Oficial del Estado. Así, exactamente una semana después de haber anunciado públicamente que su voluntad era agotar la legislatura, González consumó la decisión, adoptada apenas unas horas antes y tras sopesar cuidadosamente ventajas e inconvenientes, de inclinar la balanza en favor de la anticipación de las elecciones. Las razones aportadas por el equipo económico del Gabinete, dirigido por el titular de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, "pesaron decisivamente" en el ánimo de González, cuyo deseo, reiteradamente manifestado, era convocar elecciones en octubre.

El portavoz del Gobierno, el ministro de Cultura, Javier Solana, compareció ayer ante los periodistas, en la sala de prensa donde habitualmente informa de las deliberaciones del Consejo de Ministros, para anunciar oficialmente la decisión tomada por el Gobierno, en una reunión extraordinaria celebrada a primera hora de la tarde, de convocar elecciones legislativas el próximo día 22 de junio.Solana rechazó la formulación de cualquier pregunta por parte de los periodistas y se limitó en su breve comparecencia a leer una declaración.

Casi a la misma hora, los estados mayores de los partidos celebraban reuniones de urgencia, para preparar sus estrategias ante una situación. "nueva, pero que no ha sorprendido a nadie", según un portavoz de la Coalición Popular.

Manuel Fraga, presidente de la coalición y de Alianza Popular, compareció ayer ante la prensa acompañado de sus socios democristiano y liberal, Óscar Alzaga y José Antonio Segurado, respectivamente, para afirmar que ahora "no tendría fundamentación jurídica" la presentación de la moción de censura. Tanto la Coalición Popular, como las restantes formaciones de la oposición -con la excepción de los comunistas- declaran sentirse preparados para afrontar "en cualquier momento" la comparecencia ante las urnas.

Un dirigente del PCE afirmó, sin embargo, que la anticipación de las elecciones supone "un serio obstáculo, aunque también un acicate" en el proceso de unificación de los comunistas.

En la decisión del presidente del Gobierno prevaleció, según la declaración leída ayer por Solana, "la consideración de los intereses nacionales. Es decir, se ha tratado de fijar la fecha de celebración de elecciones generales más favorable para la gestión de los asuntos públicos y para las tareas que nuestro país y sus instituciones representativas han de afrontar próximamente", afirmó el ministro de Cultura.

Tras resaltar la labor realizada por el Gobierno en esta etapa -"uno de los períodos legislativos más intensos y fecundos de nuestra historia", aseguró el portavoz-, la nota leída por Solana señala que, a partir de ahora, se abre una nueva etapa, "marcada por la presencia plena de España en las instituciones europeas".

"Bueno es que, cuanto antes , una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno puedan afrontar una etapa que va a plantear exigencias de adaptación al marco comunitario europeo distintas de las que hemos tenido en el período anterior", agregó.

Declaraciones contradictorias

"Por otra parte" continúa la nota oficial, "el Gobierno ha considerado que, ante las perspectivas económicas favorables que se abren actualmente, es necesario eliminar cuanto antes cualquier incertidumbre que pudiera dificultar el desarrollo de la actividad económica".

"Así", continuaba la nota, "la celebración de elecciones generales en el próximo mes de junio permitirá al nuevo Parlamento afrontar con suficiente tranquilidad la elaboración de unos presupuestos del Estado para el próximo año, que sean adecuados a esas perspectivas económicas, evitando los inconvenientes que inevitablemente derivarían de un retraso de la convocatoria electoral". "El Gobierno, finalmente, ha considerado que no sería positivo prolongar durante algunos meses un clima preelectoral que llegase a incidir negativamente sobre una eficaz administración de los asuntos públicos".

Criterios económicos

La nota del Gobierno admite, así, la preponderancia que los criterios económicos han tenido a la hora de hacer variar a Felipe González su decisión de agotar la Legislatura.

Todavía hace una semana, con motivo de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro danés, Poul Schluter, celebrada pocas horas después del ataque norteamericano contra Libia, González expresaba su voluntad de celebrar las elecciones en octubre: "No he tomado ninguna decisión", dijo, un tanto sibilinamente, el presidente, "lo que quiere decir que se mantiene el final de la legislatura; tomar una decisión supondría adelantar las elecciones".

El vicepresidente, Alfonso Guerra, pocas semanas antes, decía: "La legislatura debe terminar en octubre. Parece que no nos creen, pero nuestra tesis es que, disponiendo de una mayoría absoluta, la legislatura ha de agotarse".

Éstas fueron, sólo algunas de las muchas declaraciones que desde hace un año, prodigaron en el mismo sentido los máximos responsables del partido y del Gobierno.

Entre las razones esgrimidas en el texto hecho público por el Ejecutivo para justificar su decisión no se incluye, obviamente, la causa que, aparentemente, fue el principal motor para vencer todas las objeciones: los resultados ofrecidos por los sondeos reservados que el Centro de Investigaciones Sociológicas realiza para La Moncloa.

Solamente a finales de la pasada semana tuvo el presidente González la valoración por provincias del último sondeo del CIS, realizado, según algunas fuentes, sobre una muestra superior a los 10.000 encuestados.

Los datos que ofrecía la encuesta indican que los socialistas igualarían fácilmente ahora, y posiblemente superarían, los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales del 28 de octubre de 1982; es decir, una holgada mayoría absoluta parece asegurada.

Esta razón, unida a los argumentos aportados por el equipo de Solchaga, que teme el estallido de un otoño socialmente caliente, inclinó definitivamente la balanza: no bastaron, en contra de la anticipación de los comicios, ni el argumento de que junio es un mes en el que los españoles deben presentar su declaración de la renta, ni el de que los mítines de la campaña se realizarán teniendo como competidores a los partidos televisados del Campeonato Mundial de Fútbol, que se celebrará en México.

Ni siquiera ha servido el hecho de que, anticipando las elecciones, González habría de renunciar a batir el récord, inédito en la historia de la década democrática, de completar una legislatura.

Tampoco iban a influir, obviamente, en el ánimo del presidente declaraciones como la del inspirador de la llamada operación reformista, Miquel Roca, quien definió como "una irresponsabilidad" disolver el Parlamento cuando aún no está definitivamente cerrado el conflicto libio.

Sin embargo, fuentes reformistas admitieron ayer que el adelantamiento de las elecciones, para hacerlas coincidir con las autonómicas andaluzas, supondrá "un ahorro" económico tanto para este partido como para las restantes formaciones políticas, que no tendrán que duplicar sus campañas en Andalucía.

Los mismos argumentos fueron expresados ayer por dirigentes de la Coalición Popular.