Los abogados de Ruiz-Mateos acuden al Defensor del Pueblo
Los abogados de José María Ruiz-Mateos cursaron ayer un escrito al Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, en el que denuncian la incomunicación que padece su defendido en la cárcel de Alcalá-Meco, y piden su intervención en orden a mitigar dicha situación. Casi paralelamente, el actual equipo jurídico del empresario ha tomado otras iniciativas en varios frentes. Todo parece indicar que es el propio empresario quien ha tomado directamente las riendas de su defensa, solucionando con ello su gran queja frente a sus antiguos defensores.
En efecto, los defensores del fundador de Rumasa han solicitado al juez Lerga que llame a declarar a Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, en torno a los motivos de la huida de España del empresario, y a Antonio y Alfredo Navalón y otros empleados de la antigua Rumasa, eventuales testigos del tráfico de los 1.000 millones de pesetas que el empresario aduce haber entregado a Antonio Navalón para la compra de favores políticos.En otra dirección, el abogado del empresario, Ramón Pelayo, ha pedido audiencia al presidente del Tribunal Constitucional Manuel García Pelayo, para mostrarle su preocupación por la tardanza del alto tribunal en paliar en torno a la constitucionalidad de la ley expropiatoria de Rumasa. Ramón Pelayo opina que desde el 5 de octubre de 1984, en que el juez José María Gil Sáez, titular del Juzgado número 18 de Madrid, planteó al Tribunal cuestión de inconstitucionalidad de la ley 7/1983 de expropiación de Rumasa, hasta la fecha en curso, ha transcurrido tiempo suficiente como para que el alto Tribunal se defina.
Por otra parte, el ministerio fiscal no se ha pronunciado sobre la petición formulada por los abogados para que dos forenses externos efectúen un examen sobre la salud mental del empresario jerezano. Por este motivo, la nominación de Alfonso Cabeza y de García Monasterio sigue en suspenso hasta tanto no haya decisión judicial.
En su escrito al Defensor del Pueblo, Ramón Pelayo argumenta que los tres temores expresados por Ruíz-Mateos antes de su extradición, a saber, incomunicación, acusación de locura y peligro para su integridad física, se han cumplido en la cárcel de Meco. La información facilitada por el juez Lerga el pasado 19 de diciembre, según la cual se podría estar preparando un compló contra Ruiz-Mateos, se ha traducido en un empeoramiento de la situación carcelaria del detenido. Por otro lado, la petición del informe sobre la salud mental ha supuesto "un perjuicio para la imagen pública de Ruiz-Mateos". Todo ello, para los defensores del empresario, "supone una discriminación con respecto a terroristas y asesinos ya condenados por la justicia".
