La Compañía Telefónica disuelve, de forma unilateral, la institución de previsión
La Compañía Telefónica decidió ayer, tras la suspensión de la junta general de la Institución Telefónica de Previsión (ITP), disolver dicha entidad, que proporcionaba las pensiones de jubilación a sus empleados, y proceder a la integración en el régimen general de la Seguridad Social. La junta de la ITP fue suspendida cuando un grupo de trabajadores y representantes sindicales entraron en el local donde se estaba celebrando con la única asistencia de los representantes de la empresa.
Telefónica, tras el acuerdo tomado por su consejo de administración de disolver la ITP e integrar el sistema de pensiones dentro del régimen de la Seguridad Social, convocó una junta general de la entidad mutualista en la que trataba que los 42 miembros -21 de la empresa y 21 de los trabajadores en activo y jubilados- votaran su propuesta de disolución.Los representantes sociales decidieron no acudir a la junta general, que se inició con los 21 representantes de la empresa que habían pasado la noche anterior en el hotel donde se iba a celebrar la junta.
Un grupo de trabajadores y representantes sindicales se concentró desde primeras horas de la mañana ante el hotel y posteriormente decidieron irrumpir en la junta para pedir explicaciones, mientras otros representantes sindicales se dirigían a la sede de la compañía donde se celebraban reuniones de última hora para intentar alcanzar un acuerdo.
'Agujero' patrimonial
Dichas reuniones, a las que según fuentes de la compañía no eran ajenos representantes de los ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, terminaron sin acuerdo por lo que la empresa ha decidido proceder a la disolución de la ITP de forma unilateral.La decisión, tomada en función de determinados artículos de la ley del seguro privado vigente, es consecuencia del decreto de integración en el régimen general de la Seguridad Social de las instituciones de previsión que hasta ahora se mantenían al margen del mismo. La Compañía Telefónica hasta ahora se comprometía a pagar, actualizadas, las pensiones de jubilación de sus empleados a partir de unas reservas constituidas por aportaciones de los trabajadores y de la propia sociedad.
Las cuotas recaudadas hasta ahora eran claramente insuficientes para hacer frente a esos compromisos -las reservas son de menos de 40.000 millones de pesetas- y el desequilibrio patrimonial oscila, según las fuentes, entre 80.000 millones de pesetas y 130.000 millones de pesetas.
Este desequilibrio impedía que los auditores externos de la compañía firmaran un informe limpio, lo que dificulta la "internacionalización" de la sociedad llevada a cabo en los últimos meses.
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