El COI retira la exigencia de que el alojamiento de los atletas en los JJ OO del 92 sea gratuito

El Comité Olímpico Internacional (COI) rebajará alguna de las exigencias recogidas en el borrador de contrato de adjudicación de los JJ OO de 1992, tras la sesión informativa celebrada ayer en Lausana (Suiza), en la que participaron representantes de las 14 ciudades candidatas y los máximos dirigentes del organismo. La decisión más espectacular es retirar la obligatoriedad de ofrecer gratuitamente los servicios de la villa olímpica a los atletas. El COI mantuvo sin embargo su decisión de ser el interlocutor único de las grandes cadenas de televisión al negociar los derechos de retransmisión.

La reunión fue considerada un éxito, al menos formal, por las dos partes. Samaranch afirmó que el COI había salido airoso del envite ("una auténtica corrida de toros" dijo). Las ciudades candidatas manifestaron su satisfacción por haber encontrado, si no soluciones imediatas a sus reivindicaciones, al menos sí fórmulas de acercamiento. Maragall, por ejemplo, lo expresó en francés: "iChapeau!", dijo el alcalde barcelonés. Al margen de cuestionar la gratuidad de la villa olímpica, la gran obsesión de las ciudades candidatas (no falló ninguna a la cita ni siquiera la comisión anticandidatura olímpica de Amsterdam) era concretar al máximo diversos aspectos económicos del contrato. Maragall pidió, por ejemplo, que se concretaran los servicios exteriores (transportes, radiocomunicaciones, tarifas telefónicas, etcétera) cuyos precios deben fijarse en dólares dos años antes de la celebración de los juegos, y que se facilitara la lista de productos excluidos del contrato de explotación en exclusiva firmado con ISL.Amsterdam, cuyo alcalde no hizo acto de presencia, se interesó por la posibilidad de excluir de la lista de 44 productos explotados por ISL a las empresas o fabricantes de los países organizadores. Insistió Birmingham, cuyo portavoz -el diputado laborista Denis Howell- fue quien dio la sensación de estar más agobiado por los problemas financieros. También la alcaldesa de Brisbane, Sallyane Atkinson, centró su intervención en la explotación comercial de los símbolos olímpicos, mientras que París se interesó por los cambios en la negociación de los derechos de televisión y la compatibilidad de los programas de emisión de monedas del COI y los de los organizadores.

La capital francesa no contó ni con la presencia de Jacques Chirac, en plena campaña electoral, ni con la del presidente del Comité Olímpico francés, Nelson Paillu, integrado en la delegación que presentaba la ciudad de Alberville, aspirante a organizar los juegos de invierno de 1992.

Elección libre

Richard Pound y Samaranch accedieron a dos de las peticiones de las candidatas. Dejaron a la elección de cada una de las ciudades la opción de ofrecer gratuitamente los servicios de la villa olímpica, que en el caso de Barcelona su coste se cifra en 1.700 millones de pesetas, (véase EL PAIS del 26 de noviembre). Hay que recordar que Barcelona tenía previsto conceder esa gratuidad como golpe de efecto en las semanas previas a la reunión del próximo 17 de octubre, en la que los miembros del COI deben elegir la ciudad sede. El COI, por otra parte, aceptó la sugerencia de Birminghan de que los intereses bancarios del millón de dólares que debe depositar la ciudad elegida como sede -y que hasta ahora se ingresaban en las arcas del COI- reviertan a partir de 1992 en la ciudad organizadora.En cuanto a la negociación de los derechos de televisión, el COI mantuvo su posición de negociar directamente con las grandes cadenas, aunque en contacto con el comité organizador. No prosperaron las aspiraciones de las candidatas respecto a la comercialización de productos con los símbolos olímpicos.

El COI parece dispuesto a aceptar que cada ciudad organizadora pueda presentar un número limitado de productos que queden al margen de la exclusividad de que goza el ISL. El hecho de que el contrato con esta empresa expire después de los Juegos de Seúl facilitó que ambas partes aceptaran un aplazamiento de la discusión definitiva.