Las nóminas de los organismos del Estado serán controladas desde enero para evitar incompatibilidades

Un total de 1.600.000 empleados públicos verán examinadas sus nóminas a partir del próximo mes de enero por parte de la Inspección de Presidencia del Gobierno, como medida de control de incompatibilidades, según informaron fuentes oficiales. Todos los órganos de la Administración del Estado quedarán obligados, a partir de enero de 1986, a enviar una copia de su nómina de ese mes a la Inspección General de la Administración Pública, dependiente del Ministerio de Presidencia.La medida afectará a unos 700 organismos administrativos e implicará que ningún departamento podrá retribuir a sus funcionarios en el mes de abril si la nómina de cada uno de ellos no obra en poder de la inspección.

Las nóminas recibidas serán introducidas en el ordenador de la Dirección General de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, que examinará detenidamente su contenido para descubrir las duplicidades de puestos de trabajo dentro de la Administración, según los criterios marcados por la ley de Incompatibilidades.

La ley de Incompatibilidades de 24 de enero de 1985, desarrollada en el decreto ley de 4 de mayo del mismo año, tiende a que ningún funcionario desempeñe más de un cargo público ni disfrute de más de una remuneracion por parte de la Administración. Entre las actividades privadas consideradas incompatibles con las administrativas se destacan aquellas que puedan menoscabar la imparcialidad, la dedicación y la independencia de los funcionarios públicos en sus cometidos. La ley establece excepciones en lo referente a la docencia universitaria a tiempo parcial, si aparejan retribuciones reducidas, y otras relativas a tareas de investigación o sanitarias.

La Administración sigue una política especialmente cuidadosa en materia de sanidad pública, ya que ésta, durante el franquismo, fue trazada sobre el eje del pluriempleo de los médicos, según fuentes oficiales. Hasta que la reforma sanitaria no entre en vigor, queda autorizada la simultaneidad de dos puestos de trabajo en la Administración sanitaria en dos cometidos a tiempo parcial. Estos cometidos son aquellos que no superan las 30 horas semanales.

Para los funcionarios con niveles de ingresos inferiores a 80.000 pesetas mensuales existe autorización que les permite seguir desempeñando dos trabajos dentro de la Administración por un plazo de tres años, que expirará en enero de 1988.

Desde enero del pasado año hasta el 31 de octubre, la Inspección General ha recibido 14.349 declaraciones de actividades procedentes de otros tantos funcionarios. Los expedientes se refieren a casos de duplicidad de cargos en la Administración o a la simultaneidad de actividades públicas con otras de cariz privado. En estas declaraciones, los empleados públicos piden o bien la autorización para compatibilizarlas o bien optan por uno de sus dos empleos.

De las declaraciones procesadas han quedado resueltas 1.500. De éstas, 550 son de cese en puesto público, procedentes de funcionarios con dos cargos que deberán dejar uno de los dos; 350 más corresponden a expedientes de cese en puesto público desde el 24 de enero de 1988, en virtud de la moratoria acordada por ley para funcionarios con ingresos reducidos.

Además, otras 260 resoluciones son de autorización de actividades privadas que no contradicen la ley de Incompatibilidades y 400 son informes de la Inspección enviados a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde los funcionarios declarantes desempeñan empleos que consideran preferentes. Sobre esta materia, las Comunidades y los Ayuntamientos deberán resolver, instando a sus empleados a elegir. Hasta el momento han sido presentados unos 160 recursos contra las resoluciones de la Inspección General, que tiene otras 806 declaraciones preparadas para su resolución inmediata.