7.000 ancianos esperan plaza en residencias públicas de la provincia de Madrid

Más de 7.000 ancianos se encuentran en lista de espera para una plaza en las residencias públicas que existen, en la provincia de Madrid. Joaquín Guillén, director general de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, informó ayer que desde fin de año entrará en vigor una nueva normativa que permitirá regular e inspeccionar los asilos y residencias, tanto públicos como privados, de la región de Madrid.

Los centros de asistencia a la tercera edad que se abran en la comunidad autónoma de Madrid a partir del mes de noviembre dispondrán de una autorización provisional por un' período de un año. Una vez pasado ese plazo, y tras comprobar que las residencias cumplen los niveles de calidad exigidos, se otorgará la autorización definitiva de funcionamiento, informó Guillén. En la misma situación legal quedarán las residencias ya en funcionamiento que quieran realizar reformas.El director general de Bienestar Social explicó también que a partir de enero se establecerán unos niveles de calidad que deberán cumplir todos los centros. "Los que no se adapten serán clausurados", afirmó Guillen. 'En los próximos años la comunidad autónoma va a potenciar la asistencia domiciliaria a aquellas personas que se puedan valer por sí mismas, con objeto de que en los centros públicos sean acogidos con carácter preferente aquellos que padezcan invalidez o demencia senil".

En la región de Madrid existen, según la misma fuente, 141 residencias conocidas -públicas y privadas- en las que se presta asistencia a más de 12.000 ancianos. Más de 5.000 están en residencias de la comunidad autónoma, 2.000 en centros privados otros tantos en establecimientos religiosos y el resto se encuentran acogidos en centros pertenecientes a asociaciones de caridad, parroquias y otras instituciones.

Condiciones infrahumanas

La polémica suscitada tras la clausura de tres residencias de ancianos propiedad de Leopoldo Villagordo, en las que los ancianos se encontraban alojados en condiciones infrahumanas, ha puesto de manifiesto que existen centros piratas que no están registrados como asilos. Las residencias regentadas por Villagordo estaban registrados como pisos particulares o como hostales. Villagordo se encuentra detenido en la prisión de Carabanchel bajo acusación de homicidio, tras fallecer uno de los ancianos alojado en una de sus residencias, con síntomas de desnutrición.Villagordo enviaba a diversos centros sanitarios publicidad de sus asilos en las que se ofrecía "ayuda a la tercera edad" en cinco residencias -todas con el nombre de San Leopoldo- Los precios que anunciaba eran los más bajos del conjunto de residencias privadas. En las cartas informaba, además, que "se trataba de ayudar en, lo posible a los ancianos, especialmente en los casos de postoperatorio, arterioesclerosis y otras enfermedades". Los precios de las camas en estos centros oscilaban entre las 20.000 y las 50.000 pesetas, según se tratara de una habitación compartida o individual.

"En toda la cadena de residencias de nuestra firma", especificaba en la publicidad, "hay médico permanente. En los precios que se indican se incluye desayuno, comida, merienda y cena".

Todas las residencias, afirmaba la publicidad enviada a los centros hospitalarios, "cuentan con grandes jardines, piscina, pista de petanca, salón de televisión y vídeo". En una de las residencias se anunciaba la existencia de un inmenso pinar muy cerca del centro. Las inspecciones efectuadas en asilos clandestinos de la red San Leopoldo, después de que sé recibieran más de 40 denuncias contra su propietario ante la policía madrileña, pusieron de manifiesto una realidad distinta. Las condiciones de alimentación y alojamiento eran infrahumanas. No existía personal especializado. Los ancianos trasladados a un chalé de Cuenca dormían en colchones colocados sobre el suelo de la vivienda o del garaje.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 21 de noviembre de 1985.

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