La fiscal pide al juez que confirme el auto que archiva el sumario del 'espionaje' político

Consuelo Madrigal, fiscal en el caso del espionaje a partidos políticos, ha elevado al juez instructor de la causa, José María Vázquez Honrubia, un escrito en el que soficita la íntegra confirmación del auto de archivo del sumario dictado por el juez el pasado día 7 de noviembre. De esta forma, la fiscal se opone a los recursos de reforma contra dicho auto interpuestos por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el PCE.Consuelo Madrigal, quien solicita que tramiten los recursos de apelación interpuestos por los citados partidos subsidiariamente a los de reforma, considera en su escrito que "no son necesarias nuevas pruebas para acreditar lo ya fehacientemente acreditado".

En su escrito, fechado el pasado lunes, Consuelo Madrigal reconoce, remitiéndose al auto de archivo de las diligencias, "la existencia y actividades de una sección de la Brijada de Interior, bajo la inmediata dependencia de la Comisaría General de Información, con la misión de recabar, valorar y ordenar información sobre las actividades, proyectos, estrategia, miembros, etcétera, de AP -entre otros- y transmitir a los superiores jerárquicos aquel material que pudiera tener relevancia".

La fiscal presta especial atención al auto del Supremo que negó que existieran indicios de responsabilidad criminal en esta causa contra el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el diputado socialista Eduardo Martín Toval. Para la fiscal, este caso "presenta unas proporciones que, por su naturaleza, desbordan el marco judicial" y entran "de lleno en el de lo político".

"La decisión del Tribunal Supremo", prosigue la fiscal, "y el auto de archivo del instructor, ahora recurrido, dejan subsistentes e irresueltas la cuestión de la licitud de estos hechos, la de la peligrosidad que entrañan para los derechos y libertades públicas o para el libre juego democrático, la de la contradicción de su mera existencia y normalización en un estado democrático y de derecho, y cabría incluso pensarse que ponen de relieve la falta de solidez democrática de ciertas instituciones y de sus mecanismos de interacción, y llaman la atención sobre una necesana revisión de las mismas y la consiguiente exigencia de responsabilidades no ya jurídico-penales, sino claramente políticas".

"Pero todo ello", concluye, "tiene su ámbito de debate y solución en el marco parlamentario y político".