La policía disuelve una manifestación de protesta por el desalojo forzoso del edificio ocupado en Lavapiés

La Policía Nacional disolvió anoche una manifestación de entre 200 y 300 personas que protestaban por el desalojo del inmueble del número 83 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapiés, ocurrido a primera hora de la mañana de ayer. Entre las ocho de la tarde y las diez de la noche se produjeron diversos incidentes en Lavapiés, al intentar los manifestantes proseguir su protesta callejera y ser duramente reprimidos por los agentes. Dos personas, entre ellas el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Salvador Torrecillas, fueron trasladadas por poco tiempo a una comisaría, según fuentes de la entidad mencionada.

A las 8,30 horas de ayer, los 12 jóvenes que pernoctaban desde el pasado día 1 en el edificio, abandonado desde hace 15 años, fueron expulsados por la Policía Nacional y llevados a presencia del juez que había ordenado el desalojo. Félix Alfonso Guevara, titular del Juzgado de Instrucción número 24, justificó esta medida por la petición expresa del ministerio fiscal. El abogado de los jóvenes, Carlos Aguirre, calificó la actuación policial de "improcedente" y anunció la presentación de una denuncia "por posible detención ilegal y presuntos malos tratos"."Nos pillaron desprevenidos", contaba uno de los jóvenes desalojados. "Estábamos todos durmiendo en la segunda y tercera planta. De pronto oí un ruido estridente y apenas tuve tiempo de reaccionar. Entraron por una ventana. Nos empujaron y golpearon cruelmente y nos gritaron que bajásemos las escaleras. Una vez en la planta baja, nos registraron, tomaron nuestros datos y nos esposaron de dos en dos. En ningún momento nos mostraron la orden de desalojo ni nos dijeron cuáles eran nuestros derechos", señala.

"Como un mal sueño"

Poco después de las nueve de la mañana, los 12 jóvenes se hallaban en una sala de audiencia del séptimo piso del edificio de los Juzgados, en la plaza de Castilla. "Lo que más me chocó", comentaba uno de ellos, "es que nos dijeron que no estábamos detenidos, silo retenidos con objeto de prestar declaración judicial... Esto ha sido como un mal sueño; anoche me encontraba durmiendo tranquilamente y hoy estoy aquí, sin saber qué hacer". Uno a uno, los jóvenes fueron pasando, ante el juez.. Por su parte, Félix Alfonso Guevara precisó que "en el auto que incluía la orden de desalojo se hacía alusión al abandono voluntario del edificio por parte de los ocupantes", y se negó a hacer comentario alguno sobre la acción policial. El juez añadió que el 1 de noviembre, fecha en que se produjo la ocupación, un particular presentó una denuncia en la comisaría del distrito de Mediodía en representación de la compañía Hidroeléctrica Española, SA, como propietaria del edificio.A las 13.30, los jóvenes abandonaron los Juzgados y regresaron a Lavapiés. Mientras tanto, un retén de la Policía Nacional vigilaba en la puerta del edificio abandonado, que fue precintado.

A partir de las ocho de la: tarde, entre 200 y 300 personas, convocadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se manifestaron por las calles de Lavapiés. La Policía Nacional cargó con dureza contra los manifestantes. Algunas personas resultaron contusionadas y dos fueron llevadas a la comisaría de la calle Escuadra, entre ellas el presidente de la entidad citada, Salvador Torrecillas, que había intentado dialogar con los agentes. Al ser puestas en libertad, al cabo de poco tiempo, se les informó que "no habían estado detenidos, sino retenidos". Las asociaciones vecinales, declaró Torrecillas, son partidarias de la rehabilitación popular de edificios abandonados.