El sindicato policial mayoritario anuncia movilizaciones contra la ley de fuerzas de seguridad
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que agrupa a más de 35.000 policías nacionales de un colectivo superior a los 50.000, anunció ayer medidas de presión contra el proyecto de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, actualmente en trámite parlamentario en las Cortes. Tales acciones se centrarán en concentraciones policiales en toda España y movilizaciones contra el texto normativo. El SUP, sindicato policial mayoritario, solicita además la desmilitarización de la Guardia Civil y la creación de un sistema que imposibilite o al menos dificulte la corrupción y los malos tratos policiales.
El portavoz del Ministerio del Interior manifestó ayer, ante el anuncio hecho por el SUP de iniciar medidas de presión contra la ley de policía, que el departamento no se pronuncia ante alusiones realizadas a los medios de comunicación y precisó que se deben plantear los problemas y reivindicaciones en la mesa de negociaciones.El SUP, cuyo secretario general es José López, ha elaborado un calendario de presiones contra el proyecto de ley, cuyas fechas se mantienen en secreto "por motivos de estrategia", según anunciaron fuentes del comité ejecutivo nacional del sindicato. Tales medidas se iniciaron ayer y finalizarán antes del 23 de diciembre próximo. El sindicato afirma que no abandonará la mesa de negociación con el Ministerio del Interior y que revisará estas medidas de presión si el departamento tiene en cuenta sus planteamientos. También precisa que estas medidas no deben ser tachadas de "actos de indisciplina policial", ya que están organizadas por el sindicato.
La primera fase de acciones se centra en la organización de mesas sindicales por un servicio de policía civil. El sindicato gestiona en estos momentos la participación en estas mesas de partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones diversas. Tales mesas tienen como objetivo recoger firmas para un documento que será posteriormente entregado a la mesa del Congreso de los Diputados.
Este documento tendrá cinco puntos: rechazo del término instituto armado para los cuerpos policiales, configuración de la policía como servicio público, desmilitarización de la Guardia Civil, reconocimiento pleno de derechos sindicales a los policías y creación de instrumentos que imposibiliten o dificulten los supuestos casos de corrupción y malos tratos policiales.
En el reconocimiento pleno de los derechos sindicales, el SUP acepta la creación de un tribunal de arbitraje, vinculante, entre el sindicato y la Administración, que haga innecesario el derecho de huelga. El SUP también solicita el control parlamentario de los datos que la policía recoja de los ciudadanos.
El carácter de la Guardia Civil
Respecto a la petición de desmilitarización de la Guardia Civil, las fuentes del Sindicato Unifica do de Policía recordaron que este sindicato, en su cngreso constituyente, acordó la defensa de los planteamientos del clan destino Sindicato Profesional de la Guardia Civil. La segunda fase se iniciará cursando solicitudes a los gobiernos civiles para celebrar concentraciones policiales en las 52 capitales de provincia de España, así como manifestaciones contra el citado proyecto de ley "a las que acudirán", según las mismas fuentes, "policías libres de servicio, familiares y ciudadanos en general".
Por otra parte, el comité provincial del SUP en Valladolid se solidariza con sus compañeros de la ejecutiva de Soria que sufren desde el miércoles arresto domiciliario de 14 días por denunciar la realización de trabajos caseros de algunos policías nacionales en la vivienda de un capitán.
Un largo forcejeo
El Ministerio del Interior elaboró el proyecto de Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin consultar a los sindicatos policiales que, en numerosas ocasiones, han rechazado este texto aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora se encuentra en trámite de discusión en las Cortes para su definitiva aprobación.Ante la ausencia de diálogo, los sindicatos formaron una coordinadora que planteó medidas de presión si sus sugerencias no eran ni siquiera escuchadas por los responsables del Ministerio del Interior. La coordinadora rechazó, entre otras cosas, la denominación de "instituto armado" para la policía, sin derecho a la huelga, y criticó la "falsa" desmilitarización de la Policía Nacional y el proyecto de su unificación con el Cuerpo Superior de Policía.
El Ministerio del Interior accedió a recibir a los sindicatos policiales y, dos días después, el Consejo de Ministros aprobaba el texto sin tener en cuenta las sugerencias y planteamientos de la coordinadora.
Posteriormente el ministro del Interior, José Barrionuevo, recibió a los representantes sindicales. Lo único que consiguieron fue el ofrecimiento por parte del citado departamento de crear una comisión de arbitraje entre la Administración y los sindicatos policiales para aclarar una avalancha de sanciones contra funcionarios y conseguir que esta comisión se mantenga como funciona en otros países de Europa occidental.
Actualmente se mantiene una mesa de negociación entre el Ministerio del Interior y los sindicatos, aunque fuentes de estos últimos consideran que no sirve absolutamente para nada, ya que su opinión "cae en un saco sin fondo".
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