Polémica en el Ayuntamiento sobre un centro antidroga

Coalición Popular, la oposición mayoritaria en el Ayuntamiento de Madrid, originó un debate muy agrio durante las casi seis horas que duró la sesión plenaria de ayer, una de los más largas que se recuerdan, al presentar una proposición para cambiar la ubicación del Centro Municipal de Recuperación de Toxicómanos en el distrito de Chamartín. La propuesta se basaba en la peligrosidad que supone un centro antidroga en una zona de alta densidad escolar, así como en el criterio negativo del ministro de Sanidad, Ernest Lluch.

El portavoz de la oposición, el democristiano José María Álvarez del Manzano, llegó a acusar al alcalde Enrique Tierno de "incitar con sus frases" al consumo de drogas, y a comunistas y socialistas de potenciar el problema de los estupefacientes tras la legalización gubernativa del consumo de drogas blandas. Tales opiniones fueron enérgicamente contestadas por ambos partidos.Álvarez del Manzano pidió al alcalde, casi en tono de súplica, que reconsiderara la ubicación del centro antidroga. Sin embargo, las múltiples intervenciones del equipo de gobierno municipal hacen prever que dicho centro será construido en el sitio ya designado, una zona del barrio de Chamartín con alto índice de población escolar.

Tanto las intervenciones de la presidenta de la Junta del Distrito de Chamartín, Pilar García, como de la responsable del área de Servicios Sociales, Pilar Fernández, criticaron el cambio de opinión de la oposición que, en su momento, apoyó y se felicitó por la iniciativa municipal. Sin embargo, Álvarez del Manzano, que no negó haber felicitado al equipo de gobierno por la idea del centro antidroga, explicó que siempre se habló de crear un centro de información, y no de reinserción. Declaró asimismo que nunca se opuso a la creación de esos centros, pero que prefiere que se creen granjas de desintoxicación o que se construyan en zonas urbanas, siempre que estén alejados de centros escolares.

El primer teniente de alcalde, el socialista Juan Barranco, replicó que fue "un despiste transitorio" lo que provocó una opinión negativa del ministro de Sanidad, Ernest Lluch, sobre la ubicación del centro antidroga y que habrá las suficientes garantías para que Chamartín se convierta en la zona más segura y de menos tráfico de drogas de Madrid. Calificó de "temores legítimos" los expuestos por las asociaciones de padres de alumnos, pero, añadió, "son fruto del desconocimiento, ya que no hay informes que demuestren que en las zonas que rodean a centros de este tipo aumente la drogadicción, sino todo lo contrario".

Prostitución callejera

También suscitó polémica, aunque en tono mucho más suave, otro problema que afecta directamente a la marginación. Una proposición de Coalición Popular para acabar con "la tolerante política municipal con la prostitución", basada en un mayor control de la Policía Municipal que impida la incitación y el reclamo en la vía pública, así como la adopción de medidas sanitarias urgentes y una campaña de información a los ciudadanos del riesgo sanitario que entraña la prostitución callejera, fue también rechazada.

Juan Barranco argumentó que "la Policía Municipal no tiene competencias" para detener a quienes simplemente ejercen la prostitución; que existen medidas de carácter sanitario, "como prueba la mención especial de la Organización Mundial de la Salud al Centro de Salud del distrito Centro por sus trabajos en ese sentido", y que, en todo caso, es a la Administración central "a la que corresponde crear normas legales que clarifiquen el ejercicio de la prostitución".

Entre los asuntos aprobados en el orden del día con el voto negativo de Coalición Popular, destacan los referentes a la cancelación del crédito sindicado internacional de 100 millones de dólares suscrito en 1980 y que debido a la subida del dólar ha supuesto un desfase de casi 60 pesetas por dólar, así como la emisión de deuda pública por importe de 4.000 millones de pesetas y un préstamo bancario sindicado por importe global de 11.000 millones. Todos estos créditos corresponden a la financiación del Plan de Saneamiento Integral de Madrid.