18 extranjeros estaban hacinados en una celda de 24 metros cuadrados en la jefatura de Barcelona

El juez José María Pijoan, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, ordenó ayer tarde al jefe superior de Policía, Agustín Linares, que trasladara a dependencias no penitenciarias a los 18 extranjeros retenidos en un calabozo de la Jefatura Superior a la espera de ser expulsados del país. El auto de hábeas corpus dictado por el juez pone en evidencia las inaceptables condiciones de los calabozos. El juez Pijoan y la fiscal Teresa Compte inspeccionaron los calabozos el miércoles para comprobar la veracidad de una denuncia y comprobaron que los 18 extranjeros permanecían hacinados en una celda de 24 metros cuadrados.

El auto señala que "las condiciones en que estaban [los extranjeros retenidos] no observaban tres artículos de la Constitución" y manifiesta "la firme convicción de que los calabozos no reúnen las condiciones de higiene y habitabilidad que exige la condición humana". El juez informó que, cuando la autoridad gubernativa le informe del lugar a donde serán trasladados los retenidos, él y la fiscal los visitarán para comprobar sus condiciones higiénico-sanitarias.Hace dos años, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento catalán ya denunció las malas condiciones de los calabozos de Vía Layetana.

El próximo lunes se reunirá la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona para tratar la aplicación de la ley de Extranjería. Ayer tarde Agustín Linares se reunió por espacio de más de una hora con el juez y la fiscal. Fuentes policiales aseguraron ayer que la situación de los calabozos es consecuencia de la antigüedad del edificio.

El pasado miércoles, a las 15 horas, la letrada Carmen Cano presentó en el juzgado de guardia un escrito denunciando la situación infrahumana en que se encontraba su defendido, Roberto Oswaldo, un joven que será expulsado de nuestro país en aplicación de la ley de Extranjería y que tiene antecedentes penales. Juez y Fiscal de guardia se desplazaron a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, donde comprobaron "con una simple percepción ocular", en palabras del magistrado, la falta de higiene en que permanecían 18 personas.

La totalidad de ellas estaban bajo auto de internamiento, situación que se puede prolongar durante 40 días, hasta su expulsión de España. Estos ciudadanos extranjeros han permanecido durante varios días -33 días el que más- en una celda de 24 metros cuadrados, a lo que hay que añadir la inexistencia de servicios sanitarios y de suministro de agua potable. Tres de estos 18 extranjeros iniciaron una huelga de hambre hace tres días en protesta por la situación del calabozo.

A la vista de estos hechos, el juez determinó que los 18 ocupantes de la celda -palestinos, libaneses, iraníes, nigerianos, marroquíes y senegaleses- fueran trasladados al juzgado de guardia para tomarles declaración, lo que se llevó a cabo a las ocho de la mañana de ayer. En sus testimonios manifestaron que permanecían prácticamente amontonados en el calabozo y subrayaron su estado de desnutrición y los frecuentes paseos de las ratas por encima de sus cuerpos cuando dormían, en el suelo.