Sobre el 'modelo político socialista'

La presentación en las Cortes de la propuesta de ley orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y la reciente celebración del Día de la Policía han dado testimonio de una gran retórica triunfalista y vaga por parte del Gobierno respecto a la adecuación de la ley propuesta a las necesidades de la sociedad española en el umbral del siglo XXI, en relación con la modernidad, la entrada en el Mercado Común, etcétera. Desgraciadamente, un breve repaso a algunas acciones policiales recientes y una referencia a frases clave de la ley Antiterrorista y del proyecto de ley orgánica indican que España, en este momento, no ha realizado prácticamente avance alguno hacia la creación de una policía democrática, controlada por civiles.En mayo de 1984, 10 guardias civiles acusados de tortura se negaron a comparecer ante el tribunal, alegando que no podían acudir por "necesidades de servicio", lanzando al mismo tiempo acusaciones totalmente falsas de asociación del juez José Luis Barragán con grupos políticos de izquierdas. El 12 de diciembre de 1984 la policía disolvió violentamente en Madrid una marcha en contra de la tortura previamente autorizada. Según los 19 abogados que denunciaron la acción mientras los manifestantes estaban escuchando en silencio a Fernando Salas, "los efectivos policiales cargaron violentamente, disparando botes de humo y golpeando violenta e indiscriminadamente, lo que creó situaciones de pánico, con gente caída y pisoteada". Al día siguiente cuatro inspectores de policía registraron el despacho del abogado Salas "en busca de dos peligrosos delincuentes comunes" supuestamente implicados en un delito sin relación con la manifestación, acción denunciada por Salas como una "intolerable provocación policial".

En enero de 1985 el fiscal Emilio Valerio Martínez fue retirado de las investigaciones del asesinato del dirigente de Herri Batasuna, Santiago Brouard. Había por medio complicadas sensibilidades personales y jerárquicas, aunque la causa principal de su apartamiento fue, claramente, su petición de investigación del posible conocimiento por parte de la policía, la Guardia Civil o el CESID del arma empleada en el asesinato. También en el mes de enero, en Madrid, el joven abogado Carlos Aguirre de Cárcer fue golpeado y detenido por la policía cuando trataba de impedir que un policía nacional propinara patadas a una persona que se encontraba esposada y tumbada en el suelo y que sangraba por la boca. Más recientemente, el 18 de septiembre, otro abogado madrileño, Aurelio de Lucas, intentó disuadir a un policía de empujar violentamente a un sospechoso contra la persiana metálica de un comercio. Por sus molestias fue detenido por un presunto delito de obstrucción a la labor policial. Puesto en libertad tras varias horas en la comisaría, declaró que no se le aplicó ni uno solo de sus derechos como detenido.

-Además de estos incidentes de violencia e intimidación, hay que examinar también ciertas acciones de política personal de los últimos años. En septiembre de 1984 el ministro del Interior condecoró a cuatro guardias civiles a los que, en ese momento, se les estaba investigando por supuestas torturas. En noviembre de ese mismo año, el abogado que presentó las falsas acusaciones contra el juez Barragán fue nombrado asesor jurídico del Ministerio del Interior. El debate sobre el caso Brouard llevó a la publicación, de manera fortuita, de unas fotos de rostro completo del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres. Este caballero fue, posteriormente, identificado públicamente por numerosas personas que le acusaron de haberles torturado a principios de la década de los setenta en Zaragoza. El ministro del Interior no creyó necesario investigar estas acusaciones y aseguró al público del impecable historial profesional del comisario general. Por otra parte, cuando este mismo ministro decidió, en agosto, ejecutar los expedientes disciplinarios resueltos en los últimos meses, resultó que entre los sancionados se encontraban muchos miembros de la ejecutiva del Sindicato Unificado de Policía.

Si las medidas de política personal demuestran una tendencia claramente reaccionaria, hay que decir lo mismo sobre las leyes propuestas por el actual Gobierno. La ley Antiterrorista permite a la policía mantener incomunicados a los sospechosos durante un período de 10 días. También le permite al ministro del Interior decidir por su cuenta la intervención de las comunicaciones y los registros domiciliarios., Tan sólo en estos dos aspectos la ley abre la puerta a todos los abusos gubernamentales de siglos anteriores. Seguramente, quienes escucharon al PSOE como partido de la oposición durante su campaña electoral de 1982 esperaban que el cambio incluiría la creación de una fuerza de policía auténticamente civil, y que obedeciera las órdenes de los jueces en lugar de las de sus superiores jerárquicos de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas. De hecho, la Guardia Civil no sólo seguirá siendo un "instituto armado de naturaleza militar", sino que va a recibir una más amplia y vagamente definida jurisdicción en zonas urbanas y en cuestiones fiscales. Al organismo unificado del Cuerpo Superior de Policía y Policía Nacional se le define como "instituto armado de carácter civil". Sin embargo, el borrador de ley indica además que "el régimen disciplinario estará inspirado en unos principios acordes con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada propia de institutos armados". Igualmente, se asegura que los oficiales de las Fuerzas Armadas puedan servir como oficiales del nuevo Cuerpo Nacional de Policía.Por último, a la

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nueva Policía Judicial se le pone, no inequívocamente, bajo las órdenes de magistrados y fiscales,. y la Guardia Civil, dependiente para algunos fines de Interior y para otros de Defensa, seguirá siendo uno de los poderes fácticos principales de la sociedad española.

Cuando sumo las continuas acciones abusivas de la policía, la política de personal del Ministerio del interior y las dos leyes de policía apadrinadas por el Gobierno González, me siento algo menos optimista sobre el futuro de la democracia española de lo que me sentía en los años 19751983. Todo este síndrome me recuerda la forma en que, en Francia, antes de la Tercera República, en Italia, Alemania y el Imperio Austro-Húngaro hasta la I Guerra Mundial, y en la España de la monarquía de la Restauración, la combinación de fuerzas militares y de los ministerios del Interior podían siempre, legalmente, intimidar a intelectuales liberales, abogados y jueces para que suspendieran las garantías constitucionales durante una supuesta crisis de orden público, así como castigar fisícamente a todo. tipo de movimientos disidentes...La muy anunciada ley orgánica deja, en realidad, enteramente al futuro la creación de una fuerza de policía civil y democrática.