Martínez Zato acusa a nueve funcionarios de prisiones de infidelidad a la Constitución

El director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, fundamenta su propuesta de separación del Cuerpo de Prisiones de nueve funcionarios en el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución. Tales funcionarios fueron condenados por la Audiencia de Ciudad Real y el Tribunal Supremo por malos tratos a presos de la cárcel de Herrera de la Mancha, entre junio de 1979 y enero de 1980.La ley de la Función Pública, de 2 de agosto de 1984, suprimió la sanción consistente en la separación del cuerpo para aquellos funcionarios que fueran condenados por delito doloso o intencionado (véase EL PAÍS de ayer). Al no poder fundamentar la separación del cuerpo en esta causa, el director general la ha justificado en la primera de las faltas muy graves enumeradas en el artículo 31.1 de la propia ley: "El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública".

El expediente se encuentra pendiente de que el ex director de la cárcel de Herrera, Santiago Martínez Motos, y los otros ocho funcionarios respondan al pliego de cargos. Mientras que se tramita el expediente, los nueve funcionarios se encuentran en sus localidades de destino, pero suspendidos provisionalmente de empleo y sueldo y percibiendo solamente la ayuda familiar y el 75% del sueldo base.