Los clubes de fútbol que mantengan deudas con sus jugadores descenderán de categoría

Los clubes que mantengan deudas con sus jugadores -Sevilla, Betis y Hércules, entre otros- descenderán a la categoría inmediatamente inferior si antes del 1 de septiembre no las han saldado. A este acuerdo llegaron ayer la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en presencia del secretario de Estado para el Deporte. El descenso de categoría de los clubes deudores ya fue ratificado el 19 de septiembre de 1984 en una ordenanza laboral que permitió la desconvocatoria de la huelga. Diez meses después, las partes en conflicto pactan cumplir lo pactado en su día.

La Liga Profesional (LPF) ya tiene en su poder las denuncias que ha recibido el sindicato AFE por parte de jugadores a los que sus clubes adeudan alguna cantidad. Ayer mismo, estos clubes recibieron un telegrama en el que se les notificaba la amenaza del descenso si no saldan las deudas. El próximo 9 de agosto, la comisión mixta LPF-AFE, creada ayer, confrontará los impagos que denuncian los jugadores y los que admiten tener los clubes. Si antes de finales de mes los futbolistas no han cobrado o no han aceptado las garantías de cobro que les propongan sus clubes, éstos descenderán de categoría.En Primera División, las denuncias presentadas hasta ahora sólo afectan a tres clubes. El Betis adeuda a un jugador 7.598.278 pesetas; el Hércules 2.562.796 a otro; y el Sevilla, un total de 1.452.839 a dos. Como clubes morosos figuran 158, con unas deudas que alcanzan los 246 millones de pesetas.

El mayor deudor

El mayor deudor es el Cartagena (Segunda A), que totaliza un un pago de 33.117.350 pesetas a 14 de sus jugadores. Algeciras (Segunda B), Alavés (Segunda B) Granada (Segunda B) y Lorca (Segunda B) superan también los 20 millones de pesetas.La decisión de hacer cumplir la ordenanza laboral firmada el 19 de septiembre pasado, que ratifica el descenso de categoría de los clubes deudores, fue tomada por mediación de Romá Cuyás y a petición de la AFE en la entrevista que ayer mantuvo en el Consejo Superior de Deportes con Antonio Baró y Jesús Samper, presidente y secretario general de la LPF, respectivamente, y con el presidente de la AFE Iriarte, el directivo Alfonso Abete y el gerente José López.

La reunión fue convocada por Romá Cuyás para intentar resolver el conflicto planteado entre la LPF y la AFE en el tema de las deudas de los clubes. La Liga Profesional era partidaria de que el asunto fuera tratado por los comités jurisdiccionales de las federaciones territoriales de fútbol, mientras que la AFE se inclinaba por denunciar las deudas ante la Magistratura de Trabajo.

Cuyás les hizo ver que la solución estaba en la aplicación de los acuerdos firmados entre ambas partes, y en los que la Administración también intervino. Si se habían planteado de nuevo viejos problemas era precisamente por faltar a las promesas.

La norma del descenso en caso de impago entró en vigor en 1981. En la temporada siguiente se aplicó al Almería, Burgos, Getafe, Levante y Zamora. Los dos primeros desaparecieron por las dificultades económicas suscitadas con la pérdida de categoría. Desde entonces no se ha vuelto a aplicar esta normativa, pese a seguir vigente. En la ordenanza laboral del año pasado se decía textualmente: "Se asume por la LPF y la AFE la normativa sobre descenso de categoría de los clubes por impago a sus jugadores".

Este acuerdo y otros nueve más fueron los que hicieron posible la desconvocatoria de la huelga la pasada temporada y que afectó a las tres primeras jornadas del campeonato en Primera División, Segunda A y Segunda B. Los firmantes fueron Manuel Vega-Arango, entonces presidente de la LPF, y Juan José Iriarte, con Romá Cuyás y Daniel Romero, director de Deportes.

Las deudas que mantienen los clubes de Tercera División con sus jugadores no fueron tratadas en la reunión de ayer, ya que la AFE tendrá como único interlocutor válido a la Federación Española de Fútbol. Al ser una categoría integrada por jugadores aficionados, la Liga Profesional no tiene jurisdicción sobre ella.

La reunión duró dos horas, muy poco tiempo para lo que acostumbran consumir los debates sobre estos temas. La llegada a un rápido acuerdo estuvo facilitada porque la Liga Profesional no quiso entrar en matizaciones de orden jurídico. Prefirió eludir cuestiones de fondo y adoptar soluciones prácticas.

De no haber sido así, hubiera puesto al borde de la cancelación la entrega de los 16.000 millones de pesetas que la Administración prometió entregar a los clubes a partir del próximo 1 de septiembre para la cancelación de sus deudas.

Romá Cuyás, en una reciente reunión con representantes de la AFE, comentó que si la LPF no cumplía sus acuerdos, como el que firmó el pasado 19 de septiembre con la AFE, la Administración no tendría tampoco por qué hacer buenos sus acuerdos con la LPF.