Un triunfo de la libertad de expresión, según el PCE y Alianza Popular

L. G., Tanto el Partido Comunista de España como Alianza Popular coinciden en felicitarse por la sentencia del juez Ernesto González Aparicio, que ha desestimado la demanda interpuesta por el ministro del Interior, José Barrionuevo, contra el director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, y la empresa editora de este diario. Ambos partidos consideran que esta decisión judicial "refuerza la libertad de expresión".

Enrique Curiel, vicesecretario general del PCE, manifestó a este respecto que, "aun no conociendo en detalle la sentencia, es un triunfo de la libertad de expresión y una decisión significativa del poder Judicial, y, por tanto, refuerza el sistema democrático". La sentencia viene a recordar, en opinión de Enrique Curiel, que "un ministro, en todo lo que afecta a su actividad política, está sometido al control de los ciudadanos, que se ejerce tanto en el Parlamento como a través de la Prensa. Por tanto, la sentencia es acertada".

Juan Luis Cebrián, director de EL PAÍS, considera esta decisión judicial no sólo como un triunfo para la libertad de expresión, sino como "una derrota del Gobierno en sus intentos de coartarla". "Pero casi más interesantes son los resultados del desarrollo del proceso mismo", continúa diciendo Cebrián; "Barrionuevo intentó un juicio político contra la línea editorial del periódico y se convirtió en un juicio contra la actuación de su ministerio".

Fraude a la ley

También Juan Ramón Calero, diputado de la Coalición Popular, y el abogado y ex presidente de la Asociación de Derechos Humanos José María Mohedano coinciden en señalar lo acertado de una decisión que rechaza la vía civil y da preferencia a la penal. "El haber acudido a la ley de protección al honor equivale a un fraude a la ley para esquivar la vía penal", declaró ayer Mohedano, para quien "precisamente esta tesis sostenida por la sentencia, que yo comparto, es la que en algunas ocasiones han alegado algunos diputados del PSOE cuando han sido demandados por la vía civil en materia de protección al honor".

Para Calero, que opinó tanto como jurista como en su condición de político, "está claro que la libertad de expresión tiene unos límites que están en el Código Penal". "Me parece una resolución acertada", continuó diciendo el parlamentario del Grupo Popular, "porque remite el fondo del asunto a los órganos penales". Por los demás, el diputado popular considera que "un hombre público debe saber aguantar todas las críticas con las que se encuentra cada mañana al abrir el periódico".

Por su parte, Guillermo Galeote, secretario de imagen del PSOE, manifestó ayer en el Congreso que "hay una distorsión que produce la inutilidad de esta ley del derecho al honor, porque cuando el asunto es susceptible de vía penal los tríbunales parece que se inhiben". "Tendría que ser compatible", añadió Galeote, "esta vía rápida del derecho al honor, por la cual te dan la indemnización que pides, y después que siga la vía penal".