La Administración se aumenta el sueldo

La Administración ha puesto en marcha, a partir de este mes, el nuevo sistema de retribuciones de su personal, que se ha iniciado en cuatro departamentos (Industria, Administración Territorial, Cultura y Justicia) y que ha coincidido con el establecimiento de nuevas dietas de asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas. La introducción de ambas medidas va a suponer a varios altos cargos ganar más que sus ministros, que no cuentan con dietas de consejos de administración, al tiempo que en determinadas empresas públicas se han producido también unos sustanciales incrementos de retribuciones, colocando incluso a algunos subdirectores con ingresos anuales más altos que los percibidos por los miembros del Gobierno.

El nuevo sistema de retribuciones, que responde a lo dispuesto por la ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública de 1984 y a la ley de Presupuestos del Estado para 1985, termina con el procedimiento tradicional de asignar las remuneraciones a los cuerpos de funcionarios de la Administración e introduce la valoración de los puestos de trabajo. Las nuevas retribuciones se basan en cuatro conceptos: remuneraciones básicas y complemento de destino, que están regulados por ley, y complemento específico (discriminación entre dos puestos de igual jerarquía por el cometido concreto de cada uno de ellos) y complemento de productividad, que son fijados por el Gobierno y los gestores del ministerio al que pertenezca el funcionario. Al margen de ello, pero incidiendo de forma sustancial en las remuneraciones de una parte de los altos cargos (fundamentalmente los de Economía y Hacienda e Industria), se han aprobado aumentos de retribuciones por dietas de asistencia a consejos de administración.Todos estos cambios han deparado a algunos altos cargos y dirigentes de empresas públicas incrementos salariales superiores al 20%, frente al 6,5% de aumento de! las retribuciones en el sector público previsto en los Presupuestos del Estado. La introdución de un principio de discriminación en función del puesto de trabajo evita, por una parte, situaciones claramente injustas, como es el hecho de que muchos subdirectores estuvieran cobrando más que sus directores generales debido al cuerpo funcionarial al que pertenecen, o que el interventor de una empresa, caso de Iberia, cobrase más que el interventor general del Estado. Y dificulta la fuga de los mejores al sector privado.

Pero el nuevo sistema, a juicio de muchos funcionarios, introduce también graves distorsiones y desigualdades. Algunos subsecretarios y altos cargos van a tener más ingresos que sus ministros respectivos, y desde luego los directivos de medio centenar de empresas públicas rebasan con creces las percepciones de los miembros del Gobierno. Desde Economía y Hacienda se razona que no tiene la misma responsabilidad el director general de Presupuestos o el de la Policía que cualquiera de los del Ministerio de Cultura, y que, por tanto, no deben percibir salarios idénticos. De ahí que hayan introducido un sistema de puntos que puede llegar a marcar diferencias muy superiores a los dos millones de pesetas, sin contar las dietas de consejos de administración (que pueden alcanzar otro tanto), entre dos directores generales.

El sobresueldo de las dietas

Algunos sindicatos de funcionarios sostienen que el servicio público es todo él igualmente importante, y que si un área como el de la mujer o el teatro le parece al Gobierno de menor rango que los tributos o el presupuesto, lo que debe hacer es encomendarlo a un jefe de sección o a un jefe de servicio y no a un director general de cuarta categoría a efectos salariales. De hecho están pensando recurrir las nuevas retribuciones en base a la ley de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona. Si se les aceptara este recurso, el nuevo sistema quedaría suspendido hasta que los tribunales fallasen el fondo del litigio.Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda reconocen que los actuales baremos introducidos en la reforma van a producir en algunos casos fuertes subidas salariales y en algunos otros injustas discriminaciones. No obstante, dichas fuentes indican que en 1983 se produjo una fuerte reducción de las retribuciones de los altos cargos (algunos que percibían siete millones pasaron a cobrar 3,5 millones) al restringirles los consejos de administración a dos por persona y suprimirles otros conceptos remunerativos. Esta situación, añaden estas fuentes, se iba a paliar con el nuevo sistema de retribuciones, pero, por distintas causas (diferencias de criterios en el Gabinete, reacciones del funcionariado, etcétera), su introducción se ha congelado hasta ahora. Ello explica, según Economía y Hacienda, el que en algunos casos se produzcan ahora incrementos salariales muy fuertes con respecto al ejercicio precedente, "pero no con respecto a lo que se cobraba por dichos cargos en 1982". En cuanto a los supuestos de clasificaciones injustas, Hacienda tiene previsto crear una comisión con los sindicatos y los gestores de cada ministerio para examinar y corregir en su caso estas situaciones.

De forma paralela, y con cierta discreción, Economía y Hacienda ha elaborado una clasificación de las empresas públicas en tres grupos y ha fijado unos topes orientativos de las dietas por asistencia a sus consejos de administración.

En el primer grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 90.000 pesetas (tope máximo por mes), Economía y Hacienda ha clasificado a 24 empresas y sociedades: Banco de España, Instituto de Crédito Oficial, INH, INI, Renfe, Telefónica, Bazán, ENASA, ENDASA, ENDESA, Santa Barbara, Astilleros Españoles, CASA Iberia, Seat, Alugasa, AHM, Hunosa, Tabacalera, Campsa, Banco Exterior, Butano y Enpetrol.

En el segundo grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 70.000 pesetas, se han clasificado 31 empresas: toda la banca oficial y la Caja Postal, Infe, Adaro, Elcano, RTVE, Hispanoil, Enagas, Compañía de Seguro de Crédito a la Exportación, Potasas, Trasatlántica, Trasmediterránea, Ence, Secoinsa, Auxini, Aviaco, Endiasa, Enfersa, Babcock Wilcox Ensa, Carboex, Musini, Astano, Initec, OESA, Ateinsa, Lesa y MTM. En el tercer grupo, donde pueden cobrarse dietas de hasta 50.000 pesetas, figuran todas las restantes empresas públicas.

Las dietas pueden cobrarse, de acuerdo con un decreto anterior a estas clasificaciones, con efectos retroactivos a agosto de 1984. Cada funcionario puede ocupar como máximo dos consejos de administración, y sus ingresos por concepto de dietas no pueden superar el 25% de su sueldo bruto o el 30% del mismo si pertenecen a la comisión directiva de las citadas sociedades. El 60% de los puestos ocupados por altos cargos de la Administración en los consejos de empresas y sociedades públicas están copados por representantes de Economía y Hacienda e Industria. Este hecho, junto a la mayor retribución en igualdad de cargos para los funcionarios de estos ministerios, ha provocado fuerte malestar entre altos responsables de otros departamentos que no sólo cobran bastante menos que sus homólogos, sino que tampoco cuentan con la posibilidad de consejos de administración y dietas.

Los que más ganan

Todos estos cambios han producido algunos saltos en las escalas retributivas. Desde el acceso de los socialistas al Gobierno se acordó que ningún presidente de empresa pública cobrase más que el presidente del Ejecutivo. Esta premisa, que en líneas generales se ha venido cumpliendo, puede quedar ahora incumplida en múltiples.Teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno percibe en 1985 7,7 millones de pesetas y sus ministros 6,8 millones de pesetas, la situación es la siguiente:

El presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), según fuentes del citado organismo, cobra nueve millones al año, los presidentes de las empresas del holding petrolero perciben ocho millones y los directores generales en torno a los 6,5 millones de promedio. A estas cantidades hay que añadir los incentivos por resultaclos para los directivos del grupo, que en 1984 supusieron en promedio 1,25 millones de pesetas. Las dietas autorizadas por consejo pueden ascender hasta 90.000 pesetas mensuales, por lo que, de aprobarse estas cantidades máximas, como está ocurriendo en la mayoría de las empresas públicas, los citados directivos tendrían ingresos adicionales entre uno y dos millones de pesetas según formen parte de uno o dos consejos de administración.

En la banca oficial, los presidentes de las entidades vieron incrementado su sueldo anual en 1985 de 5,8 millones a 6,9 millones, según fuentes del Instituto de Crédito Oficial. Los directores generales cobran 6,2 millones. A estas cantidades hay que añadir ingresos por dietas de consejo de administración de empresas públicas de 70.000 pesetas, a dos consejos por directivo, que suponen otro millón y medio adicional por año. Es decir, que los presidentes de los bancos oficiales tienen también ingresos superiores a los del presidente del Gobierno, y los directores generales superan a los ministros.

El presidente del Instituto Nacional de Industria, según fuentes de esta institución, cobra anualmente 7,7 millones de pesetas, y el vicepresidente, 6,6 millones. Ambos podrían incrementar por el cobro de dietas sustancialmente sus ingresos, de acuerdo con las directrices sobre evaluación de asistencias a consejos de administración. Algo similar ocurre con los presidentes de las empresas del grupo. Presidentes de algunas empresas del INI pueden cobrar en 1985 bastante más dinero que el ministro de quien dependen, Carlos Solchaga. Algo parecido, al margen del INI, ocurre en Renfe, donde su presidente puede rebasar los emolumentos del ministro Barón (aquí las dietas del consejo de administración se han incrementado en un 200%, según fuentes sindicales, al pasar de 30.000 a 90.000 pesetas). Respecto al Banco de España, no se han podido conocer los emolumentos del gobernador y de los directores generales, siendo la única institución en la que se han negado estos datos a la opinión pública.