Miguel Boyer se opone a que ACESA permanezca en el sector público
El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, se negó tajantemente, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado lunes, a que las acciones que el Fondo de Garantía de Depósitos tiene en Autopistas Concesionaria Española (ACESA) -el 57,8% del capital- pase a poder de la Empresa Nacional de Autopistas, argumentando que el papel del Fondo de Garantía, y en definitiva del propio Estado, es propiciar la reprivatización, al mejor postor, de las participaciones públicas.
Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, había planteado ante la comisión delegada la necesidad de que la Empresa Nacional de Autopistas se hiciera con el control mayoritario de ACESA para que el Tesoro redujera gran parte de las pérdidas asumidas tras la nacionalización de Autopista del Atlántico y de Aucalsa con los beneficios de las autopistas catalanas.La reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del pasado lunes fue bastante más dura de lo que era previsible ante la negativa del ministro de Economía a tomar siquiera en consideración la posibilidad de que las acciones de ACESA que pertenecen al Fondo de Garantía, adquiridas para el saneamiento de Bankunión en abril de 1982 cuando fue comprado por el Banco Hispano Americano, pasaran a la Empresa Nacional de Autopistas -sociedad pertenciente al Patrimonio del Estado- y de esta forma reducir en algo mas de 200.000 millones de pesetas las pérdidas en que incurrirán el resto de autopistas públicas que fueron adquiridas para impedir la quiebra de empresas de la construcción ligadas a instituciones financieras e incluso de entidades de depósito que participaban en el capital de aquellas concesionarias.
Miguel Boyer, cuyo nerviosismo se hizo patente en el transcurso de la comisión delegada a medida que los ministros le pedían que no elevara el tono de voz, señaló que el objetivo básico del Fondo de Garantía de Depósitos -en el que el Banco de España aporta el 50% de las cuotas y la totalidad de los anticipos para sanear bancos en crisis- era privatizar vendiendo al mejor postor, independientemente de que la opción pública pudiera reportar pérdidas inferiores al Tesoro.
En medios de la Administración ha sorprendido la postura cerrada del ministro de Economía dado el ahorro de fondos públicos que se obtenían con la adquisición de la mayoría de las acciones de ACESA por parte de la Empresa Nacional de Autopistas. Los cálculos aportados por el ministro de Obras Públicas señalaban que, sin la incorporación de ACESA el Estado tendría que aportar 300.000 millones de pesetas para el saneamiento de Autopista del Atlántico y Aucalsa en los próximos 15 años, mientras que de incorporarse la mayoría de Acesa al conjunto de autopistas públicas la aportación se reduciría a 100.000 millones de pesetas. El déficit del Estado se vería reducido en esa misma cuantía.
Lo que sorprende, además, es el hecho de que ACESA es ren able gracias al seguro de cambio de que goza y que consiste en que el Estado paga la diferencia que hay entre el cambio de la peseta hoy y el que regía cuando se consiguieron los créditos que hicieron posible la construcción de la autopista.
Los ingresos obtenidos por el seguro de cambio en 1984 ascendieron a 13.000 millones de pesetas, mientras que el fondo de reversión y el dividendo de ACESA en ese año fue de 5.594 millones de pesetas. Sin seguro de cambio ACESA estaría en quiebra y gracias a él puede soportar los costes e incluso realizar la amortización de la inversión realizada y retribuir a sus accionistas privados.
