Espías bajo el colchón

"Hola. Soy... ya sabes. Bueno, que de parte de quien ya te imaginas, que de acuerdo en lo que hablamos... O sea, que nos vemos donde siempre y como siempre". Así describía el diputado catalán, Miquel Roca un tipo de conversación normal que, en pleno 1985, aún suelen mantener muchas personas con actividades políticas, convencidas, según señalaba el parlamentario, de que el control policial, telefónico o de otro tipo, legal o ilegal, sigue siendo una práctica similar o incluso superior al de la dictadura franquista.El ministro del Interior, José Barrionuevo, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que la Comisaría General de Información cuenta con abundante material documental sobre partidos políticos, hecho que el ministro socialista califica de normal y lógico en todos los países.

Si ya este extremo es reprobado por el resto de fuerzas políticas, el hecho de que en algunas notas informativas o informes policiales, concretamente de la Brigada de Interior, aparezcan datos detallados sobre la vida privada de algunos políticos no es comprensible en un sistema democrático. Barrionuevo ha señalado que, en todo caso, este tipo de trabajos ha sido hecho por "funcionarios desleales". El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, admite que algunos policías pueden haber espiado "por su cuenta" a los partidos políticos.

El diputado vasco Juan María Bandrés y el parlamentario comunista Fernando Pérez Royo coincidieron al comentar que no existen más que dos opciones: o ese espionaje se ha hecho con el beneplácito del Gobierno -en cuyo caso las responsabilidades serían claras-, o el Gobierno debe reconocer que no controla a sus servicios de información, y concretamente a la Brigada de Información. El propio presidente de AP, Manuel Fraga, ha dicho que, tras escuchar a Barrionuevo, está convencido de que en España hay una "policía paralela".

Los hechos conocidos ahora han supuesto una convulsión política por afectar directamente al funcionamiento interno del propio sistema democrático. En los últimos meses se han conocido numerosas actuaciones ilegales, o cuando menos irregulares, de los servicios de información. En 1983, destacados políticos como José López López, secretario general adjunto de Alianza Popular; Manuel Gallent, del Partido Demócrata Popular (PDP), o Carlos Gila, del mismo partido, hicieron público su convencimiento de que sus teléfonos estaban intervenidos, hipótesis que hoy es mantenida en todos los círculos sociales destacados.

En los últimos meses, distintos medios de comunicación han aportado datos concretos sobre posibles espionajes, con participación de agentes del CESID, al presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, y al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena. Barrionuevo, al referirse a actuaciones de este tipo por parte de servicios de su departamento, insiste en que nunca se ha transgredido la ley. A iniciativa de la Brigada de Interior, por ejemplo, se han pinchado numerosos teléfonos con la correspondiente autorización judicial, pero ésta se ha obtenido en ocasiones con argumentaciones más que discutibles presentadas ante el juez.

La intervención del teléfono de José María Sabater, amigo de Ruiz-Mateos, se hizo, por ejemplo, con la autorización de un juez al que se le dijo que Sabater estaba relacionado con bandas armadas y con tráfico de armas. Meses después, el propio jefe de la Brigada de Interior, Alberto Elías, fue procesado tras aparecer publicadas en Cambio 16 transcripciones de las cintas grabadas a través del teléfono de Sabater. De la transcripción podía deducirse un supuesto romance entre Ruiz-Mateos y la esposa de Sabater.

Ni en la Moncloa se fían

Poco después de llegar al poder los socialistas, se descubrió que el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) -el más importante servicio de información del país- disponía en la planta baja del edificio Inía, contiguo al palacio de la Moncloa, de un local de uso exclusivo en el que había unos sistemas adecuados para controlar todas las llamadas telefónicas. Al Inía, que es la sede de la vicepresidencia del Gobierno, llegaban a diario varios miembros del CESID y, encerrados en sus dependencias, a las que se tenía acceso por una puerta blindada, realizaban trabajos desconocidos absolutamente por el propio vicepresidente del Gobierno.Ante este dato y otros que fueron conocidos por el actual Gobierno, se incorporó a los sistemas de seguridad de la Moncloa un avanzado sistema antiescuchas inexistente hasta entonces en el palacio presidencial. El sistema impide grabaciones telefónicas directas e incluso inutiliza la acción de otros equipos de grabación que puedan ser manejados desde el exterior.

Junto a estos hechos, en los últimos años también han sido conocidas otras actuaciones irregulares de integrantes de los servicios de información. El guardia civil del CESID Carlos Gutiérrez de la Rosa ingresó el año pasado en prisión acusado de venta ilegal de armas. El subcomisario Francisco Sánchez Herrera, agente del CESID, fue suspendido de sus funciones en marzo de 1984 por intento de soborno a dos periodistas del diario La Verdad, de Murcia.

Miedo al 'Beria español'

En muchas ocasiones, el CESID y los otros seis servicios de información españoles se entrecruzan o solapan sus trabajos, lo que origina continuas tensiones entre ellos. Ya en 1977, siendo ministro de Defensa el general Manuel Gutiérrez Mellado, se abordó el proyecto de unificar los servicios de información y crear una Comunidad de Inteligencia Española, dependiente directamente de Presidencia del Gobierno, similar al sistema existente ahora en el Reino Unido, Francia o EE UU.Responsables de los mismos servicios de información han realizado estudios en los que se aconseja esta fórmula. Sin embargo, un general que conoce en profundidad este proyecto asegura que, "por decisión política", no se ha realizado hasta el momento. El general entiende que el Gobierno intenta evitar la existencia de un Beria español. Laurenti Beria dirigió la policía política soviética -NKVD, hoy KGB- durante muchos años, y la información que controlaba le dio tanto poder que prácticamente llegó a controlar el Estado soviético.

Las reticencias del propio Gobierno ante la creación de un servicio de información único son suficientemente significativas respecto a la imagen que el poder político tiene de esos servicios.