El agente de bolsa Buxeres, trasladado de la cárcel Modelo al hospital Clínico

El agente de Cambio y Bolsa Alejo Buxeres fue trasladado el jueves al hospital Clínico de Barcelona desde la cárcel Modelo, en donde se encontraba desde el pasado 21 de marzo. Alejo Buxeres y su apoderado Juan Sampere fueron procesados por el titular del Juzgado de Instrucción número 17, Fernando Campos, que instruye el caso por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad de documentos oficiales.Buxeres, de 73 años de edad, ingresó en el servicio de urgencias del hospital Clínico a las seis de la tarde del pasado jueves. Al parecer la decisión de su traslado obedeció al sufrir el agente una insuficiencia mitral. Ayer por la mañana, el titular del Juzgado que decidió su procedimiento solicitó a los responsables de la prisión la comunicación inmediata de las causas que habían decidido el traslado, ya que de lo contrario incurrirían en responsabilidad criminal.

Los médicos del Clínico que atendieron a Buxeres aún no habían concluido ayer el diagnóstico en el que intentarán describir las causas de los dolores de pecho que sufre el paciente. En los últimos días, los defensores de Alejo Buxeres, solicitaron la libertad provisional de su patrocinado, alegando que su avanzada edad de 73 años se podía interpretar como un estado equivalente al de enfermedad. Según fuentes judiciales, la autorización del traslado al hospital no implicaba una próxima concesión dé libertades provisionales.

Buxeres y su apoderado, Juan Sampere, presentaron el pasado 26 de marzo recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación, contra el auto de procesamiento dictado anteriormente por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona. El recurso de Buxeres abarca tanto el procesamiento como la orden judicial de prisión incondicional, mientras que el escrito de Sampere se refiere únicamente al procesamiento.

El volumen de contratación bursátil de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) con el despacho de Buxeres, durante 1983 y 1984, ascendió a 96.557 millones de pesetas, según un informe del Ministerio de Economía. La acusación de apropiación indebida, estimada por el fiscal en más de 5.000 millones de pesetas, fue efectuada inicialmente por la Caja de Ahorros Layetana.