Derribados un colegio y una parroquia el barrio de Palomeras

El colegio Santa María de los Pinos y el anejo pabellón prefabricado de una parroquia eclesiástica fueron desalojados y derruidos ayer, por orden de la Comunidad de Madrid, en la calle de Villalobos, en el barrio de Palomeras, al sureste de la ciudad. Esta medida, ejecutora de un expediente de expropiación de 1978, deja pendiente la indemnización al colegio y la reinstalación parroquial.

Vecinos del barrio de Palomeras se manifestaron ayer en contra del citado desalojo. A pesar de ello, el derribo, anunciado para las diez de la mañana, se inició a las dos de la tarde.La ejecución expropiatoria de estos inmuebles plantea dos conflictos. Por un lado, las negociaciones entre la comunidad y el arzobispado de Madrid no han resuelto aún la instalación del nuevo pabellón donde se realojará la parroquia acogida en el edificio ahora derribado. No obstante, ya se han iniciado las obras a este efecto en la parcela de enfrente. Por otro, la sociedad propietaria del colegio considera que la Comunidad de Madrid ha perjudicado sus derechos al rebajar en 17 millones la cifra de indemnización fijada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), pues este organismo evaluó en 40 millones el precio de las construcciones en un expediente de indemnización anulado luego por la comunidad.

El conflicto (ver EL PAÍS del 15 de abril) surgió en 1978 al crearse una junta de compensación en la zona donde estaba el colegio. Los propietarios del terreno, que por falta de plan parcial no habían podido construir viviendas, entregaron la parcela al Instituto Nacional de la Vivienda en una operación compensatoria dentro de un programa de ordenación del suelo.

El INV, al comprobar que en dicho suelo existía un colegio y una guardería construidos en los años 70 por la sociedad Santa María de los Pinos, cifró una indemnización de 40 millones. Sin embargo, al realizarse el traspaso de competencias urbanísticas a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda estimó que no correspondía a la Administración efectuar ese pago, sino al propietario del suelo pues la parcela había sido cedida libre de cargas.

La Comunidad aceptó arbitrar entre ambas partes en caso de que no hubiera acuerdo sobre la valoración del colegio. La propiedad del colegio tasó los locales en 46 millones y el propietario del suelo ofreció ocho, de acuerdo a los costos de 1974. La comunidad, por su parte, valoró las instalaciones en 23 millones, aún no pagados al colegio.

Jesús Morón, viceconsejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y, Vivienda, manifestó que la Comunidad de Madrid ha ocupado el terreno al haberse cedido a la comunidad, por un lado, la parcela y, por otro, las instalaciones, según un escrito de los dueños de la construcción en el que desistían del trámite de expropiación. "No entiendo cómo la Administración pudo admitir un terreno libre de cargas, sin estarlo, ni cómo después se valoró la construcción en 40 millones de pesetas. Tampoco entiendo cómo, para que no interrumpiera su actividad, la Administración cedió a la sociedad Santa María de los Pinos unas construcciones que se acababan de hacer en el barrio que cuestan 150 millones de pesetas sin que se estableciera ninguna relación contractual ni hubiera ninguna contrapartida".