Sólo 100 funcionarios han renunciado al segundo empleo en la Administración

Javier Valero, director general de la Inspección de Servicios de la Administración Pública, declaró ayer que sólo 100 funcionarios han optado hasta el momento por un solo trabajo dentro de la Administración, según lo establecido en la ley de Incompatibilidades, que entró en vigor el pasado mes de enero. El plazo para la renuncia al segundo empleo finaliza el próximo día 24. Estas 100 declaraciones, según datos oficiales, deberían convertirse en 10.000 antes de la terminación del plazo.Esta cifra de 10.000 es la que la Administración conoce en base a las compatibilidades que concedió de acuerdo con la ley aprobada por UCD en 1982, que permitía tener dos puestos de trabajo en el sector público siempre que uno de ellos fuera a tiempo parcial, y que con la nueva ley han pasado a ser incompatibles.

Hasta el momento se han recibido en la Inspección general 5.000 expedientes, que se están tramitando. De éstos, casi 2.000 son los correspondientes a dos empleos con rentas bajas, en los que los titulares piden autorización, de acuerdo con la ley, para retener durante tres años los dos puestos públicos de trabajo. Otras 1.000 solicitudes se refieren a la posibilidad de compatibilizar dos empleos en la Administración. Cerca de 2.000 son peticiones de compatibilizar Administración y empresa privada y 100 los que han renunciado ya a un empleo.

En estas cifras no está incluido el personal docente ni el sanitario, que se rigen por normas específicas.

Una vez que se dicte la resolución de incompatibilidad entre dos puestos públicos, los funcionarios deberán abandonar uno de ellos a medida que se les vayan concediendo las excedencias voluntarias. El director general de la Inspección recordó que aquellas personas que siendo incompatibles no presenten la declaración en su momento tendrán que devolver el dinero que hayan cobrado desde el 24 de abril de 1985 hasta el momento en que se descubra la irregularidad. El procedimiento podría ser, según Valero, la apertura de un expediente y la imposición de unas sanciones similares a la cantidad defraudada.

La regulación de las incompatibilidades en el régimen democrático arranca del 8 de noviembre de 1980, cuando UCD acordó enviar a las Cortes el primer proyecto. Tras una larga tramitación, la ley se aprobó en 1982 y entró en vigor el 1 de enero de 1983. Mientras comenzaba a aplicarla, el Gobierno socialista preparó un nuevo proyecto de ley, que se aprobó el 26 de diciembre pasado.