La Diputación de Cáceres pide a los hijos del duque de Alba que mejoren sus tierras

El marqués de la Romana, el conde de Guell, los hijos del duque de Alba, Carmen Díez de Rivera, Juan Lladó y Fernández Urrutia y Mercedes Falcó son algunos de los grandes propietarios de tierras en Cáceres que han sido citados por la diputación provincial para que contemplen la posibilidad de mejorar sus latifundios para dar trabajo a obreros agrícolas en paro, bien a través de funciones de limpieza o colaborando en las explotaciones."Es intolerable que existan ayuntamientos rodeados de fincas con posibilidades de mejora que, sin embargo, no dan acomodo a obreros en paro", ha manifestado el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Manuel Veiga, quien contempla el tema de una manera experimental "porque es bueno comprobar si la democracia económica ha llegado a los propietarios de fincas", añade Veiga.

¿Por qué la diputación hace esto?: "La corporación está legitimada para actuar en la Ley de Fincas Mejorables. La provincia no sólo puede ser solucionada a base de instituciones. Hay mucha gente que tiene en sus manos bienes sociales, como es la tierra, y qué menos que dialogar con nosotros. Pueden encontrarse fórmulas", declaraba antes de la entrevista con los propietarios el presidente de la diputación.

Ausencia de los importantes

En el preámbulo de la reunión celebrada el jueves en Cáceres existía un cierto nerviosismo entre los propietarios, "porque en realidad no sabemos a qué venimos". Fueron convocadas 30 personas, en su mayoría con fincas de extensiones superiores a las 1.000 hectáreas Acudieron 16 propietarios mas dos administradores y cuatro representantes. No hicieron acto de presencia ninguno de los nombres arriba citados. No se permitió la presencia de periodistas y se negaron a que las cámaras de televisión y los fotógrafos les tomaran imágenes.

Manuel Veiga, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres valoró muy positivamente el encuentro, en el que se contemplaron tres posibilidades: que la diputación agilice los trámites de los créditos oficiales al sector agrario, que la ampliación de empleo en la fincas pudiera ser compartida por las instituciones públicas y los empresarios y que ambas partes colaboren igualmente en la redacción de los proyectos técnicos de mejoras.

Como acuerdo final se decidió que cada propietario envíe a la diputación un catálogo de las necesidades de sus fincas para mejorar las explotaciones con la consiguiente creación de empleo. No se ha marcado un plazo fijo para tal respuesta, "pero la diputación siempre estará atenta a recordar que la reunión continuará. Ha habido buena disposición de los propietarios y no hay que atosigarles".

Lo cierto es que antes de la reunión el presidente de la diputación había admitido la posibilidad de que "para gente que se niegue al diálogo habrá una denuncia formal ante el IRYDA".