El Parlamento de Gibraltar aprueba la equiparación legal de los españoles con los ciudadanos del Mercado Común

El Parlamento de Gibraltar aprobó ayer, con el boicoteo de la oposición socialista, la ley que equipara en el Peñón los derechos de los españoles a los de los ciudadanos de la CEE, de acuerdo con los compromisos adquiridos entre España y el Reino Unido el pasado mes de noviembre en la Declaración de Bruselas. Los trabajadores españoles tendrán un trato preferencial respecto a los no comunitarios hasta que se cumpla el previsible período transitorio de siete años de plena incorporación de España a las Comunidades Europeas.

Sólo desde ese momento estarán realmente los trabajadores españoles en igualdad de condiciones con los de la CEE. El Parlamento gibraltareño está ocupado por sólo dos fuerzas: el partido del primer ministro, Joshua Hassan (Asociación para el Progreso de los Derechos Civiles, AACR), con ocho diputados, y el Partido Socialista Laborista de Gibraltar (PSLG), de Joe Bossano, con siete. Este último se ha opuesto firmemente al acuerdo de Bruselas, que considera es el principio de la entrega de Gibraltar a España, y, por tanto, criticó la redacción de la nueva ley.Hassan opina que la ley debatida ayer trata simplemente de adelantar en unos meses unas condiciones que habría que conceder por fuerza a España en la fecha de su ingreso en la CEE. Para Joe Bossano, esto abre una situación dificil para la economía gibraltareña, y hubiera sido mejor utilizar ese plazo de tiempo para tratar de conseguir para los gibraltareños una situación especial dentro de la CEE.

El resultado final ha sido un debate duro, culminado con un golpe de efecto: los siete diputados del PSLG abandonaron el miniparlamento cuando iba a comenzar la votación. Según explicaron miembros de éste, la nueva situación coloca la economía gibraltareña en condiciones de difícil subsistencia: "La CEE está concebida para las relaciones entre países grandes; nosotros somos un país minúsculo que de repente va a abrir la frontera a un vecino comunitario, garantizando, desde antes incluso de que España ingrese en la Comunidad, una reciprocidad de trato para la que no estamos adaptados".

Actualización de pensiones

Como ejemplos, citan la posibilidad de que muchos campogibraltareños se acojan al derecho de los ciudadanos comunitarios a ser atendidos sanitariamente en el país vecino, lo que originaría colapsos en la vida sanitaria local; o el hecho de que los gibraltareños pierdan toda prioridad para hacerse con casas de protección oficial dentro de la colonia.Un aspecto interesante de la nueva situación es el hecho de que deberán quedar actualizadas las pensiones de los antiguos trabajadores españoles en la colonia, pensiones que estaban congeladas por una ley aprobada en 1970.

El cierre de la verja provocó el final de los contratos de trabajo de unos 3.000 españoles en Gibraltar, que habían estado cotizando y tienen derecho ahora a las correspondiente pensiones.

Una ley votada en el Parlamento gibraltareño incapacitaba a los pensionistas que no residiesen en Gibraltar para beneficiarse de los aumentos de las pensiones. Aplicados los correspondientes aumentos, los trabajadores españoles tendrán derecho a 8.000 pesetas semanales, lo que supondrá a la Hacienda gibraltareña unos 1.200 millones de pesetas al año.