La jungla del éter español
El caos de las ondas que ha caracterizado históricamente a la radio española desde la década de los veinte se ha trasladado en los últimos años a la banda de frecuencia modulada. La proliferación de radios piratas y libres y la utilización de potencias excesivas por parte de algunas radios privadas y de emisoras de la propia Administración han convertido el dial en una selva donde impera la ley del más fuerte. Según el autor de este artículo, la responsabilidad histórica de este caos, de la que no escapan los actuales gobernantes, cabe atribuirla a la Administración, que debe decidirse de una vez a regular la banda de frecuencia modulada de forma definitiva y establecer el marco legislativo preciso para ello.
La conferencia de la UIT en Ginebra ha otorgado a España 2.104 nuevos puntos de emisión en frecuencia modulada. Estas nuevas frecuencias para la radiodifusión en FM se ubican en las zonas de nuestro estado limitrofes con otros territorios nacionales, lo que equivale a decir que en el resto de¡ país se pueden otorgar muchos puntos más de emisión.Esta información obliga a resituar el reciente debate generado en España en torno a la guerra de ondas y las radios libres.
Hay que extraer inmediatamente una primera consecuencia: hay aire para todos. Y pese a ello, no era alarmista la denuncia de una situación de caos en el éter español.
En las zonas de alta concentración urbana, el uso irresponsable de un bien público y limitado aunque amplio, como es el espacio electromagnético, crea un auténtico caos que imposibilita la audición radiofónica en condiciones aceptables. La ley del más fuerte se ha convertido en la única regla que ha inspirado el desarrollo de la radiodifusión en los últimos años.
La Administración, las sucesivas Administraciones, tienen la mayor cuota de responsabilidad en este problema. Desde el inicio de la radiodifusión en los años veinte, el Estado se manifestó incapaz de desarrollar en orden nuestra radio. Esta incapacidad ha llegado hasta nuestros días y puede decirse que no hay un marco legislativo diáfano que contemple el desarrollo del sistema radiofónico en su conjunto.
La década de los treinta se caracteriza por la incapacidad del Estado para organizar el servicio público de radiodifusión, pese a los sucesivos intentos que no llegan a cuajar. En su ausencia, la iniciativa privada asume esa responsabilidad en un marco de provisionalidad permanente que genera un desarrollo desigual de la radio española.
Cada nuevo intento del Estado por normalizar el sector produce una nueva reglamentación, que se suma a las anteriores sin derogarlas, lo que da como resultado una legislación de aluvión que propicia el caos.
Tras la guerra civil se produce un reparto del pastel radiofónico para satisfacer los intentos de los diferentes grupos ideológicos y económicos que soportan el régimen. Se configura un sistema mixto de radiodifusión en onda media, en el que convive la radio pública y la iniciativa privada, que profundiza el caos al no atenerse a ninguna de las normas internacionales de distribución de frecuencias. La utilización de precarias instalaciones técnicas y el abuso de puntos de emisión producen constantes invasiones e interferencias en el espacio radioeléctrico internacional.
Mediada la década de los setenta, con la transición democrática, España debe integrarse al concierto internacional, también en el terreno radiofónico, y debe atenerse a los acuerdos de distribución de frecuencias. Era. el momento de la racionalización. Pero fue también una ocasión perdida. Para mantener todos los intereses creados, la adecuación a los acuerdos internacionales se realiza de forma sui generis.
Se utilizan las frecuencias y potencias atribuidas a España, pero en lugar de reducir las emisoras y aumentar la potencia se opta por mantener la mayoría. Si las normas internacionales nos destinaban para la frecuencia X, Y kilovatios de potencia, se respetaba la regla pero con una pequeña treta. La frecuencia X se ubicaba en puntos geográficos distanciados y se repartía la potencia Y otorgada. De esta forma se daba satisfacción a todos los intereses creados al precio de tener una radiodifusión en OM que se puede calificar de "juguete".
La picaresca de las ondas
Así, en lugar de disponer de pocas emisoras con mucha potencia, se tienen muchas emisoras de poca potencia y, consecuentemente, a las horas de mejor propagación, las nocturnas, se hace extremadamente difícil la sintonización de nuestras estaciones que se ven invadidas por otras frecuencias limítrofes a las suyas utilizadas por las estaciones internacionales que emiten con gran potencia. Y ahí se inicia la picaresca, el aumento de las potencias autorizadas y la desviación en el dial a la busca desesperada de un punto donde hacerse oír.
En el terreno de la FM se sigue un camino paralelo e igualmente caótico. En 1964 se obliga por decreto a las estaciones de OM a instalar también emisoras de FM en la perspectiva de abandonar progresivamente el dial de la OM, lo que nunca llega a ocurrir. Ahí se cimentan las bases del relativo caos que ahora vivimos.
Iniciada la transición democrática, se produce en nuestro país una explosión de vitalidad social que se traduce en la aparición de vigorosos movimientos sociales. Ecologistas, feministas, antimilitaristas, gay, objetores de conciencia, asociaciones de vecinos, etcétera, irrumpen en la escena generando necesidades de comunicación que los grandes medios no satisfacen. A la búsqueda de canales de expresión eficaces, estos grupos recalan en la FM como soporte privilegiado y dan vida al movimiento de radios libres que se inicia en 1978 con el nacimiento de Ona Lliure (Onda Libre) en Barcelona.
Su única cobertura legal es el artículo 20 de la Constitución que garantiza el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente a través de cualquier medio. Ante el vacío legal, la Administración reacciona virulentamente y propicia repetidos cierres por la vía ejecutiva.
Las nuevas licencias de FM
Paralelamente, se dota de un instrumento legal mediante el decreto de 18 de julio de 1979 por el que se establece el plan transitorio de FM. El decreto responde a los intereses privados y tiene una clara intencionalidad de abortar el incipiente movimiento de las radios libres.
Mediante este decreto se conceden nuevas licencias para la explotación comercial de estaciones de FM., Las licencias refuerzan las cadenas ya existentes y dan entrada en la escena radiofónica a nuevos grupos con vocación multimedia, que preparan así el desembarco en la televisión privada. Se alimenta un proceso de concentración que la propia dinámica del mercado se encarga de materializar.
La mayoría de las nuevas emisoras se agrupan en grandes cadenas, que repiten el modelo de la OM, o se afilian a la radiofórmula estableciendo la competencia en el terreno conocido sin arriesgarse a ninguna innovación. La lucha por atribuirse un fragmento del pastel publicitario no repara en medios y se desencadena una guerra sin cuartel cuyas principales consecuencias son: una carrera de potencias y frecuencias que vulnera las concesiones otorgadas y crea el caos que ahora padecemos, y una estandarización progresiva del producto radiofónico.
Las pocas iniciativas con voluntad innovadora sobreviven con dificultades y otras abandonaron el camino poco después de iniciado, como en el caso de Radio-16 absorbida por Radio Minuto.
El mercado publicitario radiofónico es limitado y tal como preveíamos no podía alimentar una tal proliferación de emisoras, lo que ha provocado los necesarios reajustes de concentración cuyo máximo índice es la reciente compra de las acciones de Radio 80 por Antena 3, o lo que es lo mismo, su fusión.
En este contexto no se puede responsabilizar a las radios libres de provocar el caos. Una treintena de estas estaciones representa una ínfima parte de la radiodifusión española.
Las radios libres surgen como respuesta a las necesidades objetivas de comunicación de diferentes movimientos sociales que no se veían satisfechas por los medios existentes. La multiplicación, posterior de emisoras comerciales de FM no dio satisfacción, tampoco, a esas necesidades. Al contrario, con la profundización
La jungla del éter español
del modelo de radiodifusión de grandes cadenas se desatienden las necesidades de expresión de los ámbitos reducidos en lo territorial y/o en lo social.Persisten así las bolsas incomunicadas cuyas actividades y cuyos protagonistas no tienen acceso a los grandes medios. Es estructuralmente imposible. La premisa de dar la palabra a la gente que orienta al movimiento de radios libres sigue siendo, pues, tan válida como hace seis años. De lo contrario los sujetos sociales recluidos en esas bolsas, y generalmente alejados de los canales de mediación política, sólo se expresan en los conflictos, lo que contribuye a estigmatizar su discurso en términos de desviación.
La actividad de las radios libres, aquí como en el resto del mundo, sigue un desarrollo paralelo a la vida de los movimientos y los conflictos sociales, provocando procesos de participación creativa en la generación de una identidad cultural propia que contrarresta la tendencia uniformizadora de los productos de las industrias culturales internacionales y distribuidos por los grandes medios.
Por otra parte, estos procesos de apropiación popular de la tecnología han promovido en todo el mundo una renovación de la radiodifusión en su conjunto y son un ámbito privilegiado para la experimentación social.
Deben diferenciarse con precisión estas iniciativas, que buscan la rentabilidad social del medio y se niegan rotundamente a la utilización de la publicidad, de aquellas otras que, al socaire de este movimiento, irrumpen ilegalmente en la escena radiofónica con un claro afán de lucro y entrando en la desaforada guerra de potencias que colabora a la extensión del caos del éter español.
Competencia desleal
Digámoslo sin ambages: las radios piratas no son radios libres. De poco sirve la autojustificación de los piratas del éter cuando aseguran que sólo tienen un 1% de publicidad. No tienen más porque el mercado no se la ofrece y su actividad puede calificarse de competencia desleal frente a las otras radios comerciales, que funcionan con las pertinentes concesiones y sometiéndose a las reglas del juego establecidas en el mundo empresarial.
Las radios libres no dejan lugar a dudas. No son piratas porque no persiguen una rentabilidad económica y porque, hasta en tiempos más difíciles, han estado siempre abiertas al público, estrechamente imbricadas en el tejido social del que son expresión. Sólo así pueden justificar su existencia y convertir a los actores sociales en autores de su propio discurso.
La Administración tiene ahora un gran envite. No caben más dilaciones. Es urgente una regulación definitiva de la banda de frecuencia modulada que termine con el caos actual, del que es tan responsable como las empresas privadas y públicas del sector o los piratas.
Tal regulación debe garantizar la existencia de las iniciativas populares de comunicación que buscan una rentabilidad social de la radio, sean las radios libres o las radios municipales. De la misma manera debe garantizar las condiciones de desarrollo de las iniciativas comerciales que eliminen la guerra de ondas que amenaza con convertir definitivamente nuestro éter en una jungla.
es profesor de Radio y Televisión de la universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de los libros Las radios libres y Estructura de la información radiofónica.
