Las radios libres quieren ser homologadas con las legales

Onda Verde, radio libre que cubre las tres cuartas partes del área metropolitana de Madrid, hizo ayer una llamada a los medios de comunicación para denunciar las amenazas que la emisora ha recibido durante la pasada semana por parte de grupos de la extrema derecha. Estas amenazas se suman a las ya tradicionales y constantes advertencias de cierre provenientes de la Administración y que esta semana afectan a Radio Manuela, de Albacete, y Radio Ciutat de Mallorca. Con vistas al anteproyecto de ley sobre frecuencia modulada elaborado por el Gobierno, Onda Verde exige la homologación con las emisoras legales existentes.

Onda Verde, emisora ecologista y pacifista que funciona como coordinadora nacional del movimiento de radios libres, manifestó su preocupación ante el tratamiento que las radios libres recibirán en el proyecto de ley de regulación de la banda de FM que prepara el Gobierno. Para Onda Verde, este proyecto debería "reconocer la existencia de las radios libres sin ningún tipo de discriminación en cuanto a condiciones que tiendan a limitar su existencia y alcance". El proyecto de ley aludido ha sido elaborado por la Dirección General de Medios de Comunicación del Estado y se ha llevado a la conferencia de Ginebra, que se viene celebrando durante las últimas semanas."Nosotros queremos la homologación con las radios privadas; no tenemos vocación de clandestinidad", dice Esteban Ibarra, coordinador de Onda Verde. "El Gobierno no ha facilitado ninguna información sobre el proyecto de ley de las FM, pero sabemos que nos quieren limitar en cuanto a frecuencia y potencia, dejándonos reducidos a un gueto marginal". La reivindicación de esta emisora, como la que defiende en general el movimiento de radios libres, se basa en el derecho a la libertad de expresión y difusión.

En Onda Verde, según sus responsables, han aumentado las amenazas telefónicas en la última semana, tras la muerte del dirigente de HB Santiago Brouard. Luis Eugenio Crespo, realizador en la emisora de un programa sobre Euskadi, aseguró que le han cortado la línea de su teléfono particular y que ha presentado la correspondiente denuncia en comisaría.

Actualmente funcionan en España más de una veintena de radios libres (la lista que publicamos en el recuadro es la facilitada por Onda Verde). Son emisoras de carácter no comercial -en contraposición con las radios piratas- que carecen de licencia para emitir. "Algunas pidieron la licencia, pero no se la dieron", dice Ibarra. "El problema es que los requisitos exigidos por la ley dificultan enormemente la obtención de dicha licencia. Son problemas técnicos que ocultan dificultades políticas".

Además de las dos emisoras mencionadas -Radio Manuela y Radio Ciutat-, que se enfrentan ahora a amenazas de cierre, otras radios libres sufren en estos momentos dificultades. Las dos únicas radios libres de Galicia, Radio Buraco (95 Mhz) y Radio Antoxo (105 Mhz), de la comarca orensana de Valdeorras, han manifestado la intención de continuar sus emisiones pese a la notificación del Gobierno Civil del día 2 en donde se les conminaba al cierre inmediato, informa Marifé Moreno.

Ambas emisoras nacieron a finales de septiembre y sus cortos espacios de emisión son siempre en gallego. Radio Buraco emite con una potencia de 15 vatios y cubre la localidad de O Barco, de 10.000 habitantes, aunque la audiencia potencial es de 25.000 oyentes. Radio Antoxo emite con una potencia de cuatro vatios y cubre La Rua de Petin, de 10.000 habitantes.

Tras el anuncio de cierre se han enviado al gobernador civil y al conselleiro de la Xunta 400 firmas de apoyo, en demanda de un justo desarrollo del decreto 172/82 de 15 de diciembre de la consellería de Presidencia que contempla la posibilidad de emisoras de FM de ámbito local con finalidad "educativa y cultural".

Tantos problemas no impiden la creación de nuevas emisoras, como Radio Iris en Valencia, o el buen desarrollo de otras, como Onda Verde, una emisora que el próximo sábado celebra una gran fiesta de segundo cumpleaños y a la que están vinculadas unas 300 personas.