Un juez maltratado

LA JUNTA de Jueces de Madrid ha hecho pública una dura resolución sobre el vergonzoso incidente ocurrido en Madrid el pasado viernes que enfrentó al magistrado Jacobo López Barja de Quiroga, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, con cuatro miembros de la Policía Nacional. Aunque el asunto está sien do objeto de diligencias sumariales, la nota de la Junta de Jueces da implícitamente por supuesto que la versión del altercado ofrecida por el magistrado, desmentida por la interpretación policial, se ajusta a los hechos. Se ría más que difícil conceder la presunción de veracidad a la narración policial y negársela al relato del juez. No parece que los intereses corporativos hayan sido capaces de cegar en este caso a la Junta de Jueces, a diferencia de lo que cabe temer de la nota publicada por el Sindicato Profesional de Policía Uniformada, que acusa al magistrado de "intromisión" y de actitud "irrespetuosa", y que ignora que Jacobo López Barja de Quesada, juez de instrucción en Madrid, ejerce su jurisdicción en ese territorio a todas las horas del día y de la noche.Según el testimonio del magistrado, sus intentos de impedir en una vía pública el apaleamiento por un policía uniformado de un delincuente derribado en el suelo y esposado dieron lugar a sucesivos actos de desobediencia y desacato de los cuatro agentes. Los policías no sólo se negaron a identificarse y a reconocer la autoridad del magistrado, sino que trataron de intimidarle encañonándole con una pistola. La versión policial describe al juez como un energúmeno que "vapuleó" a un policía nacional (a quien nadie podría considerar, sin embargo, indefenso) y que impidió a los agentes comprobar su identidad mediante el truco de colocar su documento acreditativo "tan cerca de la cara que no podían verlo". El relato, así contado, ofrece una imagen conmovedoramente angelical de los policías y resulta absolutamente increíble.

La resolución de la Junta de Jueces relaciona el incidente con la ausencia de una policía judicial, y al señalar que los miembros de la policía están obligados a obedecer las órdenes recibidas de los jueces, con independencia de las responsabilidades en que éstos pudieran incurrir en caso de sobrepasarse en sus competencias, censura implícitamente la resistencia ofrecida por los agentes. Cuando recuerda que los miembros de la carrera judicial y los funcionarios policiales están obligados por igual a perseguir la perpetración de un hecho punible cometido en su presencia, la nota alude al apaleamiento en plena calle de un delincuente esposado. Pero la conclusión más significativa es la de atribuir la responsabilidad del incidente y de otros similares al hecho de que "ciertos sectores de funcionarios de la seguridad del Estado carecen de conciencia clara de las funciones jurisdiccionales y policiales en un Estado democrático y social de derecho". El corolario de la afirmación es imputar la responsabilidad de esa falta de conciencia democrática no tanto a los agentes del orden público como "a las instituciones y autoridades" de las que dependen las fuerzas de seguridad.

En los últimos tiempos, las facciones reaccionarias se han dedicado a jalear las reivindicaciones corporativistas de un sector de la magistratura y a halagar al tiempo actitudes, directrices y comportamientos del Ministerio del Interior que se burlan de las competencias judiciales y que ponen en solfa las garantías de los derechos reconocidos por la Constitución. La resolución de la Junta de Jueces de Madrid, al igual que otras anteriores adoptadas por la de San Sebastián, constituye el elogiable contrapunto de esa falsa defensa de la magistratura.

Los dos años de gobierno socialista han gestado varias leyes y proyectos de reforma del Código Penal, de la normativa de enjuiciamiento criminal y de la Administración de la justicia que resultan escasamente satisfactorias desde las perspectivas del cambio, pero que son en cualquier caso tangibles. Ese mismo período se ha caracterizado también por la parálisis, y hasta la regresión, en el terreno del orden público. La complacencia mostrada por el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación acerca de la situación de nuestras libertades se da de bruces con el incidente que comentamos. Es imposible suponer que si policías uniformados son capaces de amenazar y maltratar en plena calle a un juez de instrucción, no lo han de ser, con mayor rigor y arbitrariedad, de maltratar y aun torturar a los detenidos en las comisarías y dependencias policiales. Pero por lo mismo es necesario que la sensibilidad y sentido del deber mostrados por el juez Barja de Quiroga a la hora de tratar de impedir un abuso policial en la persona de un detenido se extienda a la de todos aquellos jueces que entienden de casos de tortura y malos tratos y que con tanta frecuencia se achican o se rinden a la insolencia del aparato policial o de los directivos de la Guardia Civil que entorpecen la marcha de los procedimientos aduciendo razones del servicio.