Los fondos de pensiones reunirán en cinco años más de un billón de pesetas, según estimaciones privadas y de la Administración

El proyecto de ley de fondos de pensiones ha sido revisado por la banca, los seguros y las instituciones de inversión colectiva, a petición del Ministerio de Economía y Hacienda, que les envió un primer texto el pasado verano y ultima actualmente el definitivo. Expertos privados y de la Administración que han pa2ticipado en estos trabajos calculan que dichas entidades podrán reunir en un plazo de cinco años más de un billón de pesetas. Para ello, han pedido mayores incentivos fiscales y menores exigencias financieras y administrativas. Aunque la patronal de seguros mantiene que pactó previamente con la banca, persiste la pugna por el protagonismo de cada sector en el control de esta futura fuente de ahorro.

La importancia económica de los fondos privados dependerá fundamentalmente del alcance que tengan las previstas reducciones en las futuras pensiones de la Seguridad Social, objetivo principal de la citada reforma. De los datos gubernamentales que han trascendido hasta ahora se desprende que ascendería durante el primer año de aplicación de la ley de prestaciones a unas 80.000 pesetas anuales de media entre las 400.000 pensiones nuevas de cada año, respecto a lo que les correspondería por la legislación vigente.

Uno de los objetivos de los fondos, su mayor esperanza de implantación, radica en complementar las pensiones públicas, llenando el hueco que dejará su reducción. Alguna de las ofertas actuales basa su publicidad en el estado de quiebra que se atribuye a la Seguridad Social incluso desde esferas oficiales.

Peticiones

Las mutualidades, montepíos y fondos actuales, que trabajan a caballo entre las formas de reparto y capitalización, apenas han logrado capitalizar unos 150.000 millones de pesetas, pese a que sus ingresos anuales se aproximan a los 100.000 millones de pesetas.Sin embargo, a la capitalización lograda por estas entidades, que deberá ser acentuada en los próximos años para adaptarse a la nueva ley, se unirá la procedente de la banca y las cajas de ahorro, obligadas por una reciente circular del Banco de España a acumular reservas que aseguren las obligaciones adquiridas con sus cerca de 200.000 empleados, a quienes garantizaron en convenio el complemento de jubilación hasta el ciento por ciento. Según las estimaciones iniciales, banca y cajas deberán capitalizar con dicho fin más de 300.000 millones. El resto, hasta el billón vaticinado a los fondos en cinco años, procedería de los que se creen a partir de la ley.

Para la mayor efectividad de ésta, la Asociación España de la Banca Privada (AEB) y las Instituciones de Inversión Colectiva (INVERCO) han pedido, entre otras, las siguientes modificaciones al proyecto:

-En lugar de que los 100 millones de capital mínimo para la sociedad gestora de los planes de pensiones deban aumentar proporcionalmente un 3% a partir de los 1.000 millones de recursos manejados, rebajar la segunda ex¡gencia al 1% y tomar como referencia capital y reservas.

-No imponer a cada fondo sólo un depositario (exigencia explícita del borrador) o sólo una gestora (condición implícita), pues así se obligaría a las empresas grandes a constituir su propia gestora.

-Elevar los máximos fijados a la diversificación de inversiones frente al 5% en una empresa, poner un 10%; frente al 10% en un grupo empresarial, el 20% o 25%.

-Que los fondos puedan recuperar el 18% de retenciones por renta en sus inversiones; ello rebajaría al menos varios puntos la hipotética rentabilidad anual de sus inversiones.

La patronal del seguro, UNESPA, ha hecho especial énfasis en tres peticiones: que los fondos de pensiones asegurados sean competencia exclusiva de las compañías; que éstos tengan la mínima fiscalidad posible (en todo caso, con exención del impuesto de sociedades); y que haya un solo plan de pensiones para cada fondo.