El Grupo Popular acusa a Leguina de ilegalidad

Diputados del Grupo Popular han presentado un escrito al presidente de la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, en el que afirman que "el Gobierno autónomo se encuentra en situación de ilegalidad" por no haber enviado a la Cámara el presupuesto para 1985 en el plazo fijado (el 31 de octubre, como máximo) y denuncian que esta circunstancia priva a los representantes del pueblo de Madrid de sus facultades de control y de sus derechos parlamentarios.

En el escrito, los diputados conservadores José Antonio López Casas, Luis María Huete, Enrique Castellanos, Eduardo Rodríguez Losada y José López López solicitan al presidente de la Cámara, el socialista Ramón Espinar, que "advierta al presidente, Joaquín Leguina, de la situación irregular en que se encuentra y que se convoque el pleno de la asamblea dentro de los próximos días para tratar el asunto".El Ejecutivo regional aplazó el envío a la Cámara, al parecer, porque quiere incluir en los presupuestos del año próximo partidas económicas a cuenta del recargo del 3% sobre la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas risicas, cuya creación establece para el ejercicio fiscal de 1985 el proyecto de ley para un fondo de solidaridad municipal.

Según el Grupo Popular, la situación de presunta irregularidad legal se debe a que el estatuto de autonomía determina que el presupuesto de la Comunidad debe "entrar en la Cámara para su estudio dos meses antes del fin del ejercicio: el 31 de octubre como más tarde". Los diputados afirman que así se obstaculiza el ejercicio de uno de los mandatos estatutarios más importantes y que los representantes del pueblo "se ven privados del ejercicio de sus derechos".

Subvenciones dudosas

Por otra parte, José Ramón Pin Arboledas, diputado del Grupo Popular, ha acusado al consejero de Sanidad y Consumo de "favorecer, con criterios de partido, a la asociación de consumidores La Defensa en perjuicio de otras". El diputado fundamenta su acusación en la distribución de subvenciones por importe de 1.350.000 pesetas a las asociaciones de consumidores. La asociación La Defensa, presidida por un militante del PSOE, recibió un 68% de esa cifra, "lo que induce a sospechas", según Pin Arboledas.