Las cooperativas de crédito presionan a la Administración para ampliar su actividad

Las cooperativas de crédito profesionales y populares, que manejan unos 130.000 millones de pesetas de recursos ajenos, intentarán unificar criterios para presionar a la Administración de cara al anunciado proyecto de ley de crédito cooperativo. Entre sus pretensiones figura el ampliar las condiciones exigidas para ser socio de dichas entidades, así como las posibilidades de dar y recibir créditos, en línea con las normas imperantes en Europa. A más largo plazo, acarician la formación de un instituto financiero propio que invierta su liquidez y una sociedad de garantías recíprocas para cubrir eventuales fallidos.Con los ojos puestos en estos propósitos, representantes de dichas coooperativas iniciaron ayer en Madrid unas jornadas de estudio. Su convocatoria ha coincidido con el conocimiento del último borrador del proyecto de ley de cooperativas de crédito, en una de cuyas disposiciones transitorias se prorroga la legislación vigente desde 1974, a la espera de una ley específica de crédito cooperativo.

Escasa dimensión

Entre los representantes del crédito cooperativo impera la opinión de que la normativa actual encorseta su desarrollo, lo que explica su escasa dimensión comparativa con entidades similares de algunos países europeos.Frente a esta situación, las cooperativas quieren presionar para que se pase del crédito como adjetivo al sustantivo: que se flexibilicen las normas a la hora de crear estas entidades y de reunir socios o dar créditos. Piensan que los proyectos de la Administración podrán permitir que las cajas rurales concedan préstamos a cualquier vecino de su núcleo, sin necesidad de que se creen cooperativas fantasmas, que un un sindicato u organización profesional pueda constituir cooperativa de crédito. Pero pretenden garantizar la consecución de estos cambios.

Nacidas el pasado siglo al amparo de las estructuras eclesiásticas locales, sobre todo rurales -las cajas rurales tienen actualmente depósitos por más de medio billón de pesetas-, las cooperativas de crédito apenas han lograron penetrar en los ambientes laicos urbanos. Salvo la Caja Laboral Popular de Mondragón, que creció gracias al éxito de otras actividades cooperativas en esta población guipuzcoana y cuenta con unos 100.000 millones de pesetas de recursos, la veintena de cajas populares y profesionales tienen poca presencia. Otras excepciones, de menor arraigo, son Grumeco (formada por dos millares de comerciantes madrileños), Acofar (4.500 farmacéuticos de toda España) y la Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (con 5.000 socios).

Con la Caja de Mondragón, que se ha mantenido al margen de las organizaciones estatales del sector por las connotaciones políticas de quienes lo han manejado hasta ahora, las cooperativas profesionales y populares reunen unos 70.000 millones de inversiones crediticias, otros 30.000 de títulos públicos y una cantidad superior a esta última que han debido canalizar a través de la banca por carecer de un instituto de crédito propio que invierta sus excedentes.