Procesado el ex presidente del Banco Occidental por falsedad y estafa

El ex presidente del Banco Occidental Gregorio Diego Jiménez se encuentra procesado por los delitos de falsedad y estafa, según fuentes judiciales que cita la agencia Efe. Jiménez ha huido de España, probablemente a EE UU, por lo que pesa sobre él una orden de búsqueda y captura. El banquero fue procesado el 10 de agosto de 1984 por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, que dictó orden de prisión incondicional, según informó ayer el titular del mismo. En el auto de procesamiento se requiere a Diego Jiménez para que preste una fianza, como garantía de responsabilidades pecuniarias, de 43.000 millones de pesetas. En las investigaciones sumariales se señala que Diego Jiménez ejercía un poder total en el banco, al dominar económica y financieramente todas las decisiones que afectaban al patrimonio del mismo y de las sociedades de su grupo financiero, como Unión Inversión Mobiliaria, SA; Sotil, SA; Cartera Ibérica de Inversiones; Autoparking, TBK Inversiones y Sociedad Oceánica de Alimentación.

En todas estas sociedades Jiménez ostentaba cargos de decisión, personalmente o por delegación. Valiéndose de su poder en el banco concedió préstamos con el capital de la entidad para las empresas del grupo, se informa en el sumario. Los préstamos repercutían en su favor, y se llevaba los sueldos, dietas y beneficios económicos que le reportaban sus cargos y puestos de dirección en dichas empresas. Además, renovaba los préstamos y créditos, a pesar de que ni el capital ni los intereses eran devueltos al banco en los vencimientos respectivos.

Los peligros de una política

Según el sumario, algunos miembros del consejo de administración del banco le hicieron constar el peligro de esta política, a lo que siempre replicó que se trataba de una situación coyuntural provocada por la crisis económica por la que atravesaba el país y que la situación del banco era óptima. Diego Jiménez tenía colaboradores que le ayudaban a falsear el activo del banco, con la finalidad de equilibrar el balance, agrega la investigación sumarial.

Inspectores del Banco de España designados a través del Fondo de Garantía de Depósitos advirtieron en el año 1980 la existencia de pérdidas expresas o tácitas del banco que ponían en peligro su normal funcionamiento y solvencia, y el 11 de junio de 1981, el consejo ejecutivo del Banco de España acordó conminar al consejo del Occidental para que en el plazo de siete días comunicase la situación de pérdidas y solicitase la ampliación de capital para cubrir el coeficiente de garantía.

El entonces presidente del consejo nada dijo de esto a los miembros del consejo y a la junta general de accionistas del 20 de junio de 1981, siendo poco después suspendido en sus funciones. El 26 de julio de 1982, el ministerio fiscal interpuso una querella contra el presidente y consejeros del Banco Occidental por los presuntos delitos de falsedad y estafa.