En 18 provincias no hay servicio de bomberos más que en las capitales
La reforma del sistema de Protección Civil no ha experimentado progreso sustancial alguno, pese a que desde principios de este año se encuentra en las Cortes un proyecto de ley sobre la materia. Pleitos políticos han paralizado la ley; el Gobierno mantiene silencio sobre las peticiones de dinero para realizar un inventario nacional de riesgos, la catalogación de recursos disponibles y programas de formación y divulgación; tampoco ha habido el menor avance en la anunciada organización de columnas con objetores de conciencia. Mientras tanto, 18 provincias no tienen un solo bombero fuera de las capitales.
De los 8.326 profesionales disponibles para la lucha contra el fuego y el salvamento, el 53% están concentrados en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y Vizcaya. La media de edad en las personas adscritas a tales servicios se aproxima a los 50 años. En Canarias, no sólo La Gomera carece de bomberos: excluida la capital, en toda la provincia de Tenerife existen 18 profesionales (0,16 por cada 5.000 habitantes) y 20 en Gran Canaria (0,27 por cada 5.000 habitantes), cifras ambas muy inferiores a la media nacional (1,1), que a su vez es muy baja en relación a la europea.La escasez de dichos profesionales afecta no sólo al fuego, sino a los salvamentos en caso de inundaciones, accidentes de transporte, terremotos o cualquier otra emergencia. Además, su ausencia disminuye drásticamente la capacidad preventiva y la inspección de condiciones de seguridad de edificios y locales.
Para combatir los incendios forestales durante el verano, se dispone también de 10.000 personas encuadradas en brigadas de Icona. Se trata de grupos de trabajadores eventuales, que disponen de vehículos todo terreno para internarse en las zonas de bosques. Su preparación es muy diversa: mayor que la del ciudadano común, y desde luego inferior a la de los profesionales de la lucha contra incendios. Cuando ocurre una catástrofe intervienen fuerzas militares, lo cual suele ser decisivo por lo que supone de disciplina en la actuación, pero que carecen de preparación específica para tales tareas.
Nuevos impuestos
Ante las calamidades, suelen reproducirse no sólo las autojustificaciones de toda clase de autoridades que puedan tener relación directa o indirecta con lo ocurrido, sino las promesas de rápida solución. Pero lo cierto es que el proyecto de ley de Protección. Civil, enviado a las Cortes a principios de este año, está atascado y en trance de sufrir cambios que van a hacerlo difícilmente reconocible, según fuentes políticas.Este proyecto ponía el acento en la creación de parques de bomberos en todas las ciudades con más de 25.000 habitantes, además de dotar a los alcaldes de poderes importantes para hacer frente a emergencias. Un sinfín de críticas se abatieron sobre tales intenciones, fundadas en que los ayuntamientos no pueden sostener todos estos gastos y en que las comunidades autónomas quedan marginadas.
Ese mismo texto legal trataba de organizar un sistema completo de responsabilidades de protección civil, con dos niveles: el de intervención inmediata, de base municipal; y el de diseño de planes técnicos y eventual movilización de medios extraordinarios frente a catástrofes, confiado a las autoridades gubernativas de la Administración central. Ese planteamiento también fue sometido a críticas, especialmente en las autonomías catalana y vasca.
La mayor contradicción de todo este asunto es que los autores del proyecto -una comisión interministerial- superaron lo que al principio habían temido más, que era un choque con las autoridades militares. El débil sistema de protección civil existente hasta ahora era paramilitar, y se esperaba fuerte resistencia de Defensa a ceder a los civiles el control de la movilización de ciudadanos o de la instalación de una Red de Alarma Nacional, entre otros temas. Sin embargo, tales cuestiones se aclararon con los militares.
Una vez en las Cortes, el proyecto de ley ha sido troceado y reformado profundamente, sobre todo en el sentido de disminuir la adopción de compromisos. Puede ser útil recordar algunos de los intentos legales anteriores que fracasaron: en 1955, la ley de régimen local obligó a establecer servicios contra incendios en los municipios de más de 5.000 habitantes; y en 1963, el Plan de Desarrollo incluyó a los Servicios Contra Incendios entre las "necesidades más urgentes".
A la confusión administrativa se une la cuestión de los medios económicos. Para disminuir el impacto de financiar desde el Estado un aparato de protección civil, la filosofía dominante consiste en derivar la solución hacia el incremento de impuestos municipales. Nadie protesta, por ejemplo, por el pago de una cantidad destinada al servicio de recogida de basuras; pero no se recauda nada específicamente dedicado a las inversiones en seguridad civil.
Esta tesis es la defendida por el actual director general de Protección Civil, Antonio Figueruelo. "Yo no puedo comprender", dice, "que todos los ayuntamientos de España tengan un presupuesto para fiestas y que la mayoría no dediquen una peseta a seguridad. Los costes de la protección civil han de ser repartidos entre todos los contribuyentes". Sea a través del Estado o de los ayuntamientos, todo parece indicar que más seguridad va a suponer más impuestos.
