Sólo una de cada cinco diligencias judiciales por terrorismo se tradujo en sumario en 1983

La disminución de la eficacia policial en la lucha contra el terrorismo durante el año 1983 respecto a 1982 es una de las conclusiones que cabe deducir de los datos contenidos en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, que se presentará a la opinión pública el próximo lunes, día 10 de septiembre, y que recoge datos hasta finales de junio de 1984. La actuación policial contra presuntos terroristas motivó en 1983 la iniciación de 1.774 diligencias previas por terrorismo, que sólo se tradujeron en 332 sumarios, mientras que las 782 diligencias iniciadas en 1982 dieron lugar a 616 sumarios.

Las diligencias previas citadas se inician por los juzgados centrales de instrucción, dependientes de la Audiencia Nacional, como consecuencia, en la gran mayoría de los casos, de la denuncia realizada por las fuerzas policiales. En 1983, la autoridad judicial desestimó las acusaciones policiales en 1.442 casos, y sólo elevó la causa a sumario en los 332 restantes. En 1982, de los 782 asuntos por terrorismo llevados por la policía ante la autoridad judicial competente sólo 166 fueron desestimados tras las diligencias previas, mientras que la gran mayoría de ellos, 616, pasó a sumario.Dentro de dichas actuaciones, la comparación que realiza la memoria citada en lo que se refiere a las que responden a delitos presuntamente cometidos por bandas armadas permite afirmar que se ha producido un sensible descenso de diligencias por asesinato (52 en 1982 y 22 en 1983), tenencia de armas y explosivos (44 en 1982 y 25 en 1983), colaboración con bandas armadas (217 en 1982 y 131 en 1983), robos (55 en 1982 y 23, en 1983) y lesiones (15 en 1982 y 9 en 1983).

Por el contrario, se registró en el último año un incremento en los delitos de atentado (35 en 1982 y 43 en 1983), amenazas (6 en 1982 y 12 en 1983) y desórde nes públicos (3 en 1982 y 9 en 1983). La apología del terroris m 1 o originó 59 diligencias en 1982 y 46 en 1983.

La Memoria del Consejo General del Poder Judicial recoge, entre otros datos de interés, la situación de la población reclusa y la evolución de las causas con presos preventivos. Durante 1983 el número de presos preventivos fue inferior al de penados. El descenso de la población penitenciaria preventiva es significativo, a juicio del consejo, desde la entrada en vigor de la ley orgánica de 23 de abril de 1983, que modificó los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal de 10.045 personas el día 24 de abril pasó a 4.483 el 21 de agosto.

La disminución de la población reclusa total se acentuó con la entrada en vigor de la ley orgánica de 25 de junio de 19133 sobre reforma urgente y parcial del Código Penal: de 23.010 reclusos el 13 de marzo se pasó a 14.335 el 25 de septiembre, lo que significa una reducción de 9.675 presos. El total de la población penitenciaria a finales de 1983 era de 14.796, lo que supone 38 reclusos por cada 100.000 habitantes, cifra muy por debajo de los 80 reclusos porcada 100.000 habitantes que se registran como promedio en Europa occidental.

La memoria califica de "espectacular" la disminución de las causas con preso, que al 31 de diciembre de 1983 se sitúa en el 55,5% de las existentes en 1982. El Consejo General del Poder Judicial considera merecedor de reflexión el hecho de que más de la mitad de las causas con preso pendientes de calificación (exactamente el 53,9%) "están en manos de la representación o defensa de las partes acusadas, que teóricamente deberían tener mayor interés en que cesara la situación de prisión preventiva".

En 1983 el consejo incoó.33 expedientes disciplinarios, del total de 1.024 diligencias informativas abiertas, y en el primer semestre de 1984 incoó 14 expedientes, de las 554 diligencias iniciadas. De los 33 expedientes de 1983, sólo siete fueron resueltos con sanción (contra cuatro magistrados, un juez y dos secretarios), seis fueron sobreseídos y 20 se encontraban en tramitación a final de año. De los 14 expedientes disciplinarios incoados en el primer semestre de 1984, seis están dirigidos contra magistrados, tres contra jueces, uno contra un juez de paz y cuatro contra personal auxiliar.