El Gobierno abriga esperanzas de solución en el caso del Petrolero retenido en Nigeria

La inusual rapidez con que el embajador Ibama será recibido por el ministro de Asuntos Exteriores y la celeridad con que empieza a ejercer sus funciones sin haber presentado cartas credenciales al jefe del Estado viene marcada por el deterioro de la situación de los tripulantes del Izarra, por el escaso o nulo interés mostrado hacia ellos tanto por el armador del buque, la compañía francesa Petromer, como especialmente por su fletador, el naviero español José María López Tapia, y por la rigidez y hermetismo informativo de las nuevas autoridades nigerianas surgidas del golpe de Estado del 30 de diciembre pasado, que dilatan incluso la concesión del visado para viajar a aquel país a los periodistas españoles que lo han solicitado.

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Según el embajador de España en Lagos, José Luis Fernández de Castillejo, los tripulantes están casi en un estado de abandono. El aprovisionamiento del buque (alimentos y gasóleo, para los motores) se hace a través de la Embajada. Algunos de ellos han sufrido malaria, aunque se encuentran en proceso de recuperación. Al hermetismo de las autoridades militares de Nigeria en torno al caso se une el corte de comunicaciones telefónicas entre Lagos y el puerto de Kalabar, a unos 800 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con Camerún, donde se encuentra el petrolero, por lo que es necesario ir al citado puerto para obtener información.La confusa situación administrativa del barco propició que el capitán del Izarra y sus 27 tripulantes quedaran prácticamente abandonados a su suerte. El petrolero había sido vendido por la compañía francesa Petromer al armador José María López Tapia, quien en 1980, con su naviera Letasa, protagonizó una de las quiebras más -sonadas de la reciente historia judicial española y persona que ha realizado frecuentes negocios en Nigeria en los últimos lustros. La venta se había hecho por el sistema leasing (alquiler con opción de compra cuando se alcanza el precio acordado). En el momento de la captura del buque quedaban por satisfacer dos últimos pagos.

Este último extremo es negado por López Tapia, quien aseguró que tenía el barco en alquiler por el sistema charter y que unicamente actuaba corno fletador a través de una empresa panameña de su propiedad, por lo que el barco navega con bandera de conveniencia. A través de otra empresa suya contrató en Francia a la tripulación. Igualmente existe confusión sobre el nombre que tenía antes el Izarra, pues mientras el fletador asegura que se llamaba Cirón fuentes del Sindicato Libre de la Marina Mercante señalan qué su verdadero nombre era Aunia. En cualquier caso, el cambio de nombre es la razón por la que el Izarra no figura en numerosos registros.

José María López Tapia no mostró ningún interés por acudir a Nigeria a interesarse por el barco y su tripulación, e incluso no interrumpió sus vacaciones en Bermeo. Algo similar hizo su hermano Gregorio, socio de José María, quien navegó con su yate por aguas mallorquinas.

El armador López Tapia, que aseguró que en sus barcos nunca se había hecho contrabando de nada y que en caso positivo el responsable era el capitán José Luis Peciña y no él, manifestó igualmente que ninguna autoridad nigeriana había reclamado su presencia en aquel país y que no tenía intención de personarse een Kalabar. Señaló también que estaba haciendo gestiones, conjuntamente con Petromer, encaminadas a la puesta en libertad de los tripulantes, aunque consideraba fundamental la liberación del barco, para que de esta forma aquellos pudieran cobrar los salarios completos.

Igualmente manifestó que no había sido requerido por las autoridades españolas, aunque se mantiene en contacto con la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores. En dicho organismo consta el ofrecimiento de un naviero canario, Martín Ramos, de acudir a Kalabar, aunque dicha oferta, según fuentes diplomáticas, no ha sido contestada por ser considerada como imprecisa. Martín Ramos tiene, al parecer, intereses económicos en Nigeria.

Unas leyes extremadamente duras

La falta de información por parte de las autoridades militares nigerianas impide saber cuál es la situación legal de los tripulantes del Izarra y cuál es el estado de la investigación, no concluida 68 días después, según Fernández de Castillejo. No obstante, tras el golpe militar que derrocó a finales de diciembre pasado al presidente constitucional Alhaji Sehu Saghari con el objetivo prioritario de terminar con la corrupción ampliamente extendida en el país, las leyes de Nigeria son extraordinariamente duras.

El tercer decreto del presidente Buhari, un militar educado en el Reino Unido, puso en marcha una cadena de nuevos tribunales -que juzgaron a 475 altos cargos anteriores en estos meses- y que posibilita a los fiscales solicitar la pena de muerte por el delito de contrabando. La pena mínima es de 21 años.

Las declaraciones de López Tapia en el sentido de que el responsable sería el capitán Peciña han causado un gran malestar entre la tripulación retenida desde el pasado 19 de julio, los cuales han contratado al abogado Rafael Lobeto Lobo para iniciar una querella contra el fletador por los delitos de coacción, extorsión y fraude. Un cable de la agencia Efe informaba que la tripulación reclama 40 millones de pesetas a López Tapia en concepto de salarios no satisfechos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0025, 25 de agosto de 1984.

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