El gobernador de Guadalajara quiere sancionar a un senador y al presidente de la diputación

El gobernador civil de Guadalajara, Eduardo Moreno, ha recabado informes jurídicos para determinar si las conductas del presidente y vicepresidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomé y José María Bris, respectivamente, así como la del senador por esta provincia José Ruiz -todos ellos del Grupo Popular-, son acreedoras de una sanción administrativa por su comportamiento durante una manifestación.

Los tres políticos citados encabezaron ayer una maniféstación que se dirigió hasta las puertas del Gobierno Civil para protestar contra el trasvase Tajo-Segura y entregar un escrito a su titular. Según una nota de prensa del Gobierno Civil, los manifestantes profirieron gritos insultantes contra el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, y pretendieron ser recibidos en el acto por el gobernador.Este último ha mostrado su asombro ante el hecho de que unas personas tan cualificadas hayan encabezado una manifestación no autorizada, incumpliendo la ley orgánica del Derecho de Reunión, y ha anunciado que dará cuenta de su proceder a las direcciones nacionales de los partidos Alianza Popular y Partido Demócrata Popular, coligados en el Grupo Popular.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, José María Bris, portavoz de este organismo en ausencia de su titular, ha manifestado su perplejidad por la actitud del gobernador, ya que "en un tiempo en que pasan por alto todo género de manifestaciones ilegales, se quiere cargar de rigor legalista a una protesta pacífica".

El grupo de manifestantes a los que alude el gobernador estaba formado por alcaldes, concejales y miembros de las cámaras agrarias de pueblos ribereños al embalse de Entrepeñas. Algunos de ellos, en unión del presidente y vicepresidente de la Diputación y del senador alcarreño José Ruiz, participaron también en un incidente con el ministro de Obras publicas y Urbanismo, en la vecina ciudad de Alcalá de Henares. En esa localidad localizaron al ministro en la inauguración de una planta de eliminación de residuos, pero no accedió a hablar con la comisión (véase EL PAÍS de ayer); y, para evitar el encuentro en la salida principal de la planta, utilizó un camino de obra prácticamente inaccesible, según los manifestantes.