Consenso parlamentario sobre la vía jurídica que propiciará la reinserción social de los terroristas

Los dos principales grupos parlamentarios apoyaron ayer la vía jurídica para propiciar la reinserción social de aquellos terroristas que "hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas", recogida en el artículo sexto del proyecto de ley orgánica contra la actuación de las bandas armadas y elementos terroristas. La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer los seis primeros artículos de este proyecto, que desarrolla del artículo 55.2 de la Constitución. Este importante acuerdo entre socialistas y conservadores fue saludado desde otras posiciones políticas, aunque con matices.

Durante casi cuatro horas, la Comisión Constitucional del Congreso debatió el proyecto gubernamental, que consta de 24 artículos y recopila en un solo texto todos los preceptos legislativos sobre terrorismo, algunos actualmente vigentes. Este proyecto, criticado de "regresivo" en su día por un sector del Grupo Parlamentario Socialista, fue redactado tras el asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, perpetrado por ETApm VIII Asamblea, en Bilbao, el 18 de octubre de 1983.Si bien este asesinato sirvió de acicate para que el Gobierno socialista acelerara sus proyectos tanto policiales como legislativos sobre la actuación de bandas, armadas, lo cierto es que en los últimos meses el proyecto ha permanecido aparcado, tal vez en espera, por un lado, de la evolución de las medidas político-psicológicas del Gobierno sobre el terrorismo, y por otro, del desarrollo de la lucha contra ETA.

El consenso se produjo en el artículo 6º del proyecto, que regula la atenuación de penas en el desistimiento con propósito de reinserción social. Cuando comenzaron a ser debatidas las enmiendas, tanto el representante del Grupo Vasco, Marcos Vizcaya, como el del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, anunciaron que sus respectivas formaciones retiraban las enmiendas que proponían su supresión, aunque por distintos motivos. El artículo facilita la reinserción social a quienes "hayan abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presenten a las autoridades confesando los hechos".

Discusión moderada

La inclusión del término confesión provocó una discusión, calificada de "moderada" por el portavoz socialista, Luis Berenguer, entre éste y los diputados Marcos Vizcaya y Juan María Bandrés, que ya se habían mostrado bastante críticos con los cinco primeros artículos del proyecto. Vizcaya y Bandrés se mostraron en desacuerdo con el término, por entenderlo como delación, lo que lo aproxima a la ley italiana sobre terroristas arrepentidos.

Berenguer respondió que en ningún momento se podía interpretar el término confesión como delación, ya que, en su opinión, queda bien claro que a nadie se le obligaba a optar por esta salida. Apoyó Berenguer las tesis del Gobierno diciendo que el propio artículo proporciona tres vías alternativas: haber evitado o disminuido sustancialmente una situación de peligro; impedido la producción del resultado dañoso, o coadyuvado eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables. El artículo fue aprobado con los votos favorables de los grupos popular y socialista, y el negativo de Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra.

El representante del PNV, Marcos Vizcaya, estaba ausente durante la votación. Sin embargo, Bandrés y Berenguer, al término de la sesión, discutieron sus diferencias, aunque coincidieron, sin entrar en los términos citados, en la importancia de esta vía jurídica.

En el resto de los artículos, los dos grupos mayoritarios mantuvieron la cooperación. Las novedades más destacadas en el dictamen fueron la inclusión en esta ley del delito de ultrajes al Estado y sus símbolos (en clara referencia a la bandera), sobre la base del artículo 123 del Código Penal, y la extraterritorialidad de la norma, de manera que los delitos comprendidos en esta ley serán juzgados por tribunales españoles aunque se hayan cometido en otros países.