El Gobierno contabiliza futuros casos de incompatibilidades entre los altos funcionarios de la Administración

La entrada en vigor de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuyo proyecto comienza a discutirse la semana próxima en comisión en el Congreso de los Diputados, afectará a cientos de profesionales incluidos en los altos cuerpos de la Administración, muchos de los cuales ni siquiera han efectuado aún la preceptiva declaración de actividades. Un informe elaborado por el Gobierno, al que tuvo acceso EL PAIS, muestra que son numerosas las personas, entre letrados de Cortes y del Consejo de Estado, abogados del Estado, arquitectos al servicio de Hacienda, economistas del Estado, médicos y profesores, que deberán abandonar un segundo y hasta un tercer empleo.

El proyecto establece una radical incompatibilidad de los funcionarlos para desempeñar una segunda actividad en el sector público. En la esfera privada, la incompatibilidad sólo es aplicada en caso de colisión directa de intereses, bien por ejercicio de un mismo título en la esfera pública y privada, bien por verse obligado a actuar como funcionario en asuntos a los que se haya vinculado en la vida privada."La batalla en torno al proyecto de reforma de la función pública será mínima en comparación con la que van a provocar las incompatibilidades de funcionarios", comentó ayer a este periódico un relevante miembro del Grupo Parlamentario Popular, donde se prevé que la mayoría de AP libre una dura lucha en contra del proyecto, el cual comenzará a ser debatido la semana próxima en la comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias admitieron que el proyecto no será visto por el Pleno del durante el actual periodo de sesiones y que su estudio será aplazado hasta septiembre.

Varios ex ministros de Franco y de los Gobiernos de UCD pueden verse afectados por la regulación de las incompatibilidades de funcionarios si prevalecen los criterios más rígidos dentro del Grupo Socialista. Pero medios parlamentarios subrayaron que podrían aprovecharse la discusión en comisión y los meses de verano para llegar a algún acuerdo con la oposición conservadora.

De acuerdo con los informes que se manejan, y a título de ejemplo, se cita el caso de los letrados del Consejo de Estado, que totalizan 26 en activo. De ellos, 21 ejercen otras actividades públicas o privadas además de la principal. En conjunto, estos 21 funcionarios acumulan un total de 65 actividades remuneradas, de las cuales 35 son públicas y 30 privadas.

Actividades públicas

Entre estos letrados en situación de activo se encuentra el ex ministro de Educación José Luis Villar Palasí, quien además de su actividad como letrado desempeña, según el informe, una cátedra en la universidad Complutense de Madrid y el cargo de letrado en el Insalud, además de ejercer la abogacía privada.También Manuel Alonso Olea se encuentra en un caso semejante, acumulando a su condición de letrado las de catedrático en Madrid y la de letrado de Insalud. Jesús Fueyo Álvarez, ex presidente del Instituto de Estudios Políticos, también compatibiliza su cargo en el Consejo de Estado con una cátedra en la Complutense, además del ejercicio privado de la abogacía.

En general es de destacar que de ocho letrados en la asesoría del Insalud, siete tienen otras actividades públicas o privadas.

Otros letrados del Consejo de Estado son igualmente citados como incompatibles con cargos públicos: José Solé (corredor colegiado de Comercio, con destino en Puertollano, Ciudad Real), Manuel Peláez (jefe de la asesoría jurídica del Insalud), el ex ministro de Industria Ignacio Bayón (letrado de las Cortes; en el sector privado desempeña la presidencia de Espasa Calpe), Francisco Javier Gálvez (letrado de las Cortes), Miguel Acedo-Rico (letrado de las Cortes), Enrique Alonso (profesor en la Complutense y profesor del CEU, en el sector privado), Federico Rodríguez (catedrático de Universidad y consejero secretario de Editorial Católica, en el sector privado), Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona (consejero secretario y asesor de Petroliber).

El informe detalla algunas actividades privadas de los letrados. Así, el ex ministro de Obras Públicas Federico Silva desempeña el ejercicio de la abogacía, es consejero de Cartisa, de Constructora Internacional, de Banesto y de Industrias Agrícolas, SA. El ex ministro de Trabajo Jesús Romeo es presidente de Peñarroya-España, de la Sociedad Española de Metales Preciosos y de la Compañía Andaluza de Minas. Y el ex encargado de Finanzas de UCD Alvaro Alonso Castrillo es consejero de Cristalerías Españolas. En excedencia especial se encuentran, dentro de este cuerpo, los diputados del Grupo Popular Antonio Carro, Miguel Herrero y José Manuel Romay, este último, además, asesor de la Xunta de Galicia.

El cuerpo de Abogados del Estado también registra, en teoría, un elevado índice de posibles incompatibilidades: de 198 casos examinados (de un total de 248 funcionarios en activo, datos de 1983), 87 ejercen una segunda actividad pública, tres una tercera actividad pública y 17 al menos un consejo de administración en empresa pública. Un total de 148 ejerce la abogacía como actividad privada. Cuatro son asesores de Gobiernos de comunidades autónomas. Entre los 56 economistas del Estado, 21 ejercen una segunda actividad pública, de ellos, dos con dedicación exclusiva; y uno tiene cuatro consejos de administración en empresas públicas.