Seis secretarios de Estado y un ministro para una reforma pendiente

La reforma de la Administración pública española, propugnada por todas las fuerzas políticas y sindicales desde los tiempos de los Pactos de la Moncloa, ha sido encomendada infructuosamente hasta el momento a seis secretarios de Estado y un ministro. En el intervalo se han elaborado decenas de borradores, dos proyectos de ley de UCD y uno del PSOE, varios textos alternativos a los mismos, y se han consumido miles de horas en la búsqueda estéril de un consenso entre los distintos partidos.El último intento de pacto institucional, propiciado desde la presidencia del Gobierno, concluyó a finales de abril, después de dos meses de conversaciones entre el Grupo Popular y el Socialista. Un texto amplio sobre la reforma de la Administración, y de mayor aceptación entre el funcionariado que el proyecto de ley socialista que ahora se tramita, naufragó entre acusaciones mutuas y por razones poco comprensibles -cuando en gran parte ya estaba consensuado- un día después de la victoria de Convergencia Unió.

La supresión, refundición y creación de cuerpos de funcionarios, que cerraba el texto a consensuar, se convirtió, aparentemente al menos, en el escollo insalvable. El Grupo Popular, que hoy enseña con regocijo papeles que le remitió el Ministerio de Presidencia donde se mezclan en un mismo cuerpo y una misma escala actividades funcionariales de lo más variopintas, reconoce que en los demás temas se había Regado a acuerdos en casi el 80% de su contenido. No obstante, fue al Grupo Popular a quien correspondió la iniciativa de la ruptura.

Inusitada celeridad

Los populares niegan que se hayan plegado a las presiones de los altas funcionarios y que existieran discrepancias internas sobre la conveniencia o no del pacto. Los socialistas, que rechazan haber mantenido posiciones inflexibles en la reclasificación de funcionarios, niegan también discrepancias internas y han resucitado con inusitada celeridad -su cómoda mayoría dictaminó en menos de nueve horas el texto en comisión- el primitivo proyecto del Gobierno.Las negadas divisiones internas en uno y otro grupo, centradas sobre la conveniencia y el contenido del pacto, han existido y han sido decisivas: el secretario de Estado Francisco Ramos no opinaba igual que el diputado Virgilio Zapatero o el ugetista Justo Zambrana en las conversaciones con el Grupo Popular; y en éste, junto a la postura pactista de Alfonso Osorio y de Fraga, existían y se han impuesto las tesis democratacristianas, temerosas de dejarse en el camino del acuerdo importantes colectivos de sus bases y votantes.

El Grupo Popular, que ha reservado a sus primeras figuras para el debate del Pleno del Congreso de la semana entrante, ha relegado a segundo plano sus postulados de corresponsabilidad en un tema que afecta seriamente al Estado y observa con cierta complacencia la inminente batalla de los funcionarios contra el Gobierno. Desde esta perspectiva, y con la arrogancia de los votos socialistas, no parece probable un acuerdo de última hora que evite la aprobación del actual proyecto de ley de Reforma de la Administración.