Las interferencias de policías con agentes del CESID revelan la existencia de grandes fallos en la seguridad del Estado

Medios gubernamentales han expresado su preocupación por los incidentes que se están sucediendo entre miembros de los servicios secretos españoles y agentes policiales, que, por un lado, están poniendo en evidencia grandes fallos en la propia seguridad del Estado y, por otro, generando "una mala imagen hacia el exterior de la inteligencia española". En los últimos meses se han producido, al menos, tres interferencias policiales en operaciones de contrainteligencia, de ellas contra un servicio de espionaje de un país extranjero, cuya posterior publicidad ha puesto en duda el verdadero cometido de los espías, nunca demostrado por las autoridades españolas.

Un primer caso de interferencias ha sido el ocurrido, entre noviembre y diciembre de 1983, en las proximidades del domicilio madrileño del vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena. En aquella ocasión, funcionarios de la Brigada Central de Escoltas, departamento hoy dependiente del director general de la Policía, abrieron una investigación oficial sobre la presencia de agentes del Centro Superior de Información para la Defensa (CESID) en un piso contiguo al del citado magistrado.Uno de los ocupantes del piso era el sargento de la Guardia Civil José Gutiérrez de la Rosa, miembro del CESID, de oscuro historial, hoy cumpliendo condena en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) y al que en una ocasión se le aplicó la ley antiterrorista. El portero del inmueble donde fue localizado el piso del CESID, Eusebio García, guardia civil retirado, confirmó la presencia de su compañero Gutiérrez de la Rosa en el piso, que le comunicó que acababa de realizar "una chapuza".

Este dato figuraba en un informe que elaboró la Brigada Central de Escoltas sobre las actividades del CESID en las inmediaciones del domicilio de Arozamena, que llevaba fecha 6 de diciembre y que fue entregado a las autoridades del Ministerio del Interior, concretamente un día antes de que apareciera en EL PAIS la primera información relacionada con este asunto. Todas las sospechas apuntaban, siempre según el contenido del informe, a que se estaba espiando el domicilio de Arozamena, precisamente el magistrado ponente-redactor de la sentencia sobre el caso Rumasa, que se difundió en aquellos días.

La mera sospecha de que se estaba sometiendo a vigilancia al vicepresidente del Tribunal Constitucional indignó al presidente del Gobierno, que recientemente ha calificado de forma pública, al menos en dos ocasiones, de "intoxicación" este hecho. González ha dicho asimismo que, si verderamente se hubiera espiado a Arozamena, su simple demostración habría provocado la dimisión del Gobierno en pleno.

Estas sospechas, incluidas en el informe oficial sobre la investigación de la Brigada Central de Escoltas y en otros informes elaborados por diferentes departamentos policiales de información, no fueron, al parecer, trasladadas a la Moncloa tal como llegaron al Ministerio del Interior, a tenor de los comentarios que viene realizando últimamente el presidente González.

Confirmación oficial

La confirmación oficial la recogió EL PAIS, con fecha 7 de diciembre. En aquella ocasión se informaba que fuentes oficiales del Ministerio del Interior confirmaron la existencia de una investigación, de la que se dijo que "todavía permanecía abierta", sobre la sospecha de que Arozamena hubiera podido ser vigilado en los últimos meses por miembros del CESID. Ese mismo día, no obstante, dos agentes del CESID se presentaron en este periódico para negarlo, información que se publicó junto a la confirmación del propio Ministerio del Interior.La Administración no tomó medidas, aunque desde el Ministerio del Interior se insinuó recientemente a este periódico que la destitución del comisario general de Seguridad Ciudadana, José Lorenzo Pérez Corredera, ocurrida meses después de este hecho, pudiera estar relacionada en parte con lo ocurrido. La Brigada Central de Escoltas dependía entonces de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

La segunda interferencia policial ocurrió a principios de febrero, cuando funcionarios de la Comisaría de Chamartín descubrieron in fraganti a un agente de la CIA (organismo norteamericano para el espionaje y el contraespionaje) en el hotel Eurobuilding. En aquella ocasión, el agente de la CIA, que se registró en el hotel con el nombre de Gino Rossi, fue sorprendido, manipulando aparatos de escuchas telefónicas.

Él supuesto Rossi fue trasladado a la Comisaría de Chamartín, donde se negó a declarar, aunque de él se encargó posteriormente la Embajada de Estados Unidos, al realizar el mando policial gestiones en este sentido con la delegación diplomática estadounidense. De las actividades de Rossi nunca más se supo, por falta de información de la Administración española, aunque se especuló con que realizaba misiones de espionaje relacionadas con el tráfico de armas.

Tercer caso

El tercer caso ocurrió el pasado 18 de abril, al ser sorprendidos cuatro agentes del CESID que procedían del sur de Francia en un tren. En esta ocasión, funcionarios de la Brigada Móvil (ferrocarriles) sospecharon de estas cuatro personas y les retuvieron a su llegada a Madrid. Los cuatro espías regresaban procedentes de la localidad francesa de Burdeos, donde subieron al tren. Precisamente en Burdeos, días antes, la policía francesa había realizado una redada contra supuestos miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Un portavoz oficial del Ministerio de Defensa negó a este periódico que los agentes españoles regresaran del sur de Francia de realizar actividades relacionadas con el terrorismo, tanto referentes a ETA como a los GAL.La Administración nunca reveló la misión que habían realizado ni tampoco informó oficialmente del incidente. La única reacción fue destituir al comisario jefe de la Brigada Móvil, Emerenciano Carvajal, un hombre de 60 años y de brillante historial profesional, y "que no tenía nada que ver con el asunto", según reveló a este periódico uno de los máximos responsables policiales. Este alto cargo confesó que la orden de destitución de Carvajal no había salido de la Policía, sino de instancias superiores. Carvajal ha sido acusado de filtrar informaciones a este periódico, cosa absolutamente falsa.