La ruptura del consenso entre los socialistas y la Coalicion Popular desemboca en un intercambio de descalificaciones

El PSOE y Coalición Popular se han lanzado a una mutua campaña de descalificaciones y acusaciones que parecen hacer imposible, por el momento, el consenso en torno a temas institucionales que promovía el propio presidente Felipe González. La ruptura de las negociaciones sobre el proyecto de medidas para la reforma de la función pública -que comenzará a debatirse la próxima semana- y la presentación de una proposición de ley socialista para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad han supuesto una fuerte subida de la temperatura política en el Congreso, donde ayer era perceptible un clima de fuerte tensión entre los dos grupos mayoritarios.

Javier Sáenz Cosculluela y Eduardo Martín Toval, presidente y secretario general, respectivamente, del Grupo Parlamentario Socialista, convocaron ayer una conferencia de prensa para acusar al Grupo Popular de ceder a "intereses gremiales" al propiciar la ruptura de las negociaciones que trataban de llegar a un consenso sobre la reforma de la función pública. Tal ruptura se produjo formalmente el pasado lunes, pocas horas después de conocerse formalmente el resultado de las elecciones catalanas, y desde entonces ambas partes se han lanzado a una verdadera batalla verbal, en la que proliferan las acusaciones recíprocas de haber mentido a la opinión pública.Cosculluela negó las acusaciones hechas por Manuel Fraga en la noche del miércoles, en el sentido de que el Gobierno y el Grupo Socialista se negaron a mostrar a la oposición el texto de las disposiciones transitorias del proyecto de reforma de la función pública. El desconocimiento de tales disposiciones, dijo Fraga, fue el detonante para la ruptura de las negociaciones.

Pero los socialistas aseguraron ayer que el Grupo Popular conocía tales disposiciones desde hace seis semanas. También rechazaron tajantemente las acusaciones lanzadas por el portavoz popular Miguel Herrero, y luego reiteradas por Fraga, según las cuales el PSOE ofreció salvaguardar los privilegios de determinados cuerpos de elite de la Administración, como abogados del Estado y letrados del Consejo de Estado, a cambio de llegar a un acuerdo sobre la globalidad del proyecto.

En contra de esta versión, Cosculluela y Martín Toval sugirieron que fueron Ios intereses gremiales, muy bien representados en el Grupo Popular", los que acabaron por imponerse y forzar la ruptura, además de las propias desavenencias internas de los conservadores, entre Alianza Populae y el Partido Demócrata Popular. Martín Toval no olvidó citar el dato de que nueve abogados del Estado son miembros de la ejecutiva del partido de Fraga.

"Amargas quejas" de Herrero

Tampoco olvidó el presidente del Grupo Socialista relatar cómo había escuchado de labios de Miguel Herrero "amargas quejas" sobre algunos de sus compañeros de los bancos de la oposición, evocando así unas desavenencias internas en el Grupo Popular que son ya algo más que un rumor.Esta confidencia de Cosculluela a los periodistas provocaría un estallido de indignación en Miguel Herrero, quien acudió a pedir explicaciones a los dirigentes socialistas.

El proyecto de medidas urgentes para reformar la función pública, en su versión original -es decir, no en la que estaba siendo discutida- comenzará a estudiarse en ponencia hoy mismo, y la semana próxima será debatido en comisión, para pasar al Pleno del próximo día 16.

Sin embargo, el hecho que acabaría haciendo estallar ayer las tensiones fue el que los dirigentes populares tuviesen conocimiento por la Prensa de que el Grupo Socialista había presentado sorpresivamente, en la noche del miércoles, una proposición de ley para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Grupo Popular, que actualmente tiene presentados tres recursos previos contra otros tantos proyectos del Gobierno, contraatacó difundiendo el rumor de que la presentación de esta proposición de ley se hacía como consecuencia del próximo envío a las Cortes por el Gobierno de una ley electoral "o de algún otro proyecto trascendental". Así, el Ejecutivo trataría de evitar que la oposición pudiese paralizar la tramitación de tal proyecto, así como su entrada en vigor, mediante un recurso previo. Fuentes gubernamentales negaron que exista el propósito de enviar a las Cortes a corto plazo cualquier proyecto de ley electoral, aunque sí admitieron que se están elaborando algunos borradores sobre el tema.

La proposición de ley presentada el miércoles por los socialistas trata de derogar el capítulo segundo del título sexto de la ley orgánica reguladora del Tribunal Constitucional, que trata "del control previo de inconstitucionalidad". Esta proposición de ley incluye una disposición transitoria mediante la cual los recursos previos de inconstitucionalidad que ya se encuentren interpuestos continuarán su tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, por lo que leyes como la LODE o la del aborto no se verían afectadas por la nueva regulación que ahora proponen los socialistas.

Entre los motivos aducidos por el PSOE para presentar esta proposición, a la que se oponen todos los demás grupos parlamentarios excepto el centrista, se incluye la necesidad de que no se convierta al Tribunal Constitucional en una tercera cámara decisoria en temas vitales, relegando a un segundo plano el Parlamento. El PSOE ha acusado reiteradamente al Grupo Popular de intentar paralizar la entrada en vigor de leyes vitales, como la de Educación, la del aborto o la de incompatibilidades, con la presentación de recursos previos de inconstitucionalidad.