El Grupo Socialista presenta en el Congreso una proposición de ley para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad

El Grupo Parlamentario Socialista presentó, a primeras horas de la noche de ayer, ante el Registro del Congreso de los Diputados, una proposición de ley por la que se reforma la ley orgánica del Tribunal Constitucional para suprimir su artículo 79, que regula el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y leyes orgánicas. La interposición del recurso previo, utilizado últimamente por la oposición contra varios textos legales, suspende automáticamente la entrada en vigor de una ley, a la espera de que falle en su día el Tribunal Constitucional.La ley orgánica del Tribunal Constitucional fue aprobada en octubre de 1979 con los votos favorables del Grupo Socialista, entonces en la oposición. No obstante este apoyo, en los trámites parlamentarios de ponencia y comisión los socialistas se opusieron permanentemente a la regulación del recurso previo propuesta por UCD.

Esta proposición de ley, a pesar de haber sido presentada por el conducto del Grupo Parlamentario Socialista, cuenta con el apoyo explícito del Gobierno, y principalmente del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Las propuestas legislativas reciben la denominación de proposición de ley cuando son presentadas por los grupos parlamentarios. Cuando el texto es enviado por el Ejecutivo se denomina proyecto.

El jefe del Ejecutivo, Felipe González, ha dado el visto bueno a esta iniciativa parlamentaria al regreso del viaje a Bilbao, donde participó en la fiesta de los trabajadores del Primero de Mayo, invitado por la UGT.

Pérdida de agilidad

Los argumentos que esgrimen los inspiradores de esta reforma giran en torno a la paralización del programa legislativo del Gobierno que ha supuesto la sucesiva interposición de este tipo de recursos. "El grupo mayoritario socialista aprueba leyes que luego se van congelando por la actitud obstruccionista de la oposición", manifestaban ayer fuentes gubernamentales a este periódico. Al explicar la desaparición del artículo 79, también afirman los socialistas que si tal mecanismo no es inconstitucional en sí mismo, al menos, sí es extraconstitucional, al no ser recogido expresamente en la Carta Magna.

La acumulación de recursos, ordinarios y previos, ante el Tribunal Constitucional hacen pensar a los socialistas que ese mecanismo que suspende la entrada en vigor de una ley ha hecho perder la agilidad necesaria para una institución tan relevante. A esta queja, formulada en más de una ocasión por el grupo que apoya al Gobierno, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero de Miñón, ha contestado en diversas ocasiones: "¿Para que está entonces el Tribunal Constitucional? Si no se va a utilizar, que se quite de la Constitución".

En estos momentos, más de 50 recursos esperan la sentencia de los 12 magistrados que componen el tribunal.

Los socialistas se han decidido a poner en marcha la reforma de esta ley después de que el Grupo Popular haya interpuesto recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE), al proyecto a través del cual se despenalizan algunos supuestos de aborto, a la ley de incompatibilidades para Senadores, Diputados y Altos Cargos de la Administración, y a la ley de Elecciones Loales, que también fue recurrida por los populares, utilizando el recurso previo, y que fue fallada de forma favorable al Gobierno.

En el caso de la polémica LODE, fuentes del Gobierno estiman que hasta principios de 1985 no habrá sentencia, con lo cual no podrá ser aplicada a principios del nuevo curso escolar.

La reforma de la ley, que no tiene dificultades para salir adelante, dada la mayoría absoluta de la que goza el Grupo Socialista, no afectará, lógicamente, a los recursos ya presentados, por no tener esta reforma carácter retroactivo.

El grupo socialista, en su etapa de oposición, no presentó nunca recurso previo de inconstitucionalidad ante ninguna ley del Gobierno centrista, aunque sí utilizó la vía ordinaria del recurso. El presidente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, se pronunció en contra del recurso previo, hace seis meses, en un encuentro con periodistas.