Cuatro funcionarios denunciaron al Gobierno hace ocho meses las irregularidades por las que fue destituido el director de Alcalá-Meco

Cuatro funcionarios destinados en la prisión Madrid-2 (Alcalá-Meco) elevaron hace unos ocho meses a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia, un informe en el que enumeraban una serie de graves irregularidades, en gran parte relacionadas con la seguridad interna del centro, y denunciaban la mala gestión del entonces director, Carlos Parada. Éste fue destituido el lunes de su cargo, junto con el subdirector y el administrador de la prisión, tras la fuga días antes de tres peligrosos reclusos. El Ministerio de Justicia nunca respondió al escrito.

No obstante, el ministro del departamento, Fernando Ledesma, confirmó ayer en el Senado la existencia de esta situación de deterioro en el centro, aunque se remitió a la información oficial difundida por la dirección general citada.La práctica totalidad de la plantilla de funcionarios de esta prisión se sumó con su firma al escrito de denuncia, que detalla graves deficiencias en las instalaciones, algunas de la cuales han provocado la invasión de roedores, impropias de un centro de reciente construcción y considerado de máxima seguridad, al menos cuando se inauguró. El Ministerio de Justicia nunca respondió a este escrito, aunque, tras la destitución de Parada, ha asumido en gran parte el contenido de la denuncia, hasta el punto de situarlo como una de las principales causas del relevo al frente del centro.

El contenido de la denuncia indica que la prisión Madrid-2, inaugurada en agosto de 1982, tiene numerosas deficiencias en sus instalaciones, originadas por el mal acabado de sus obras. Entre ellas citan grandes problemas de fontanería, que no suelen subsanarse; otros de albañilería, que quedan al descubierto en los meses de lluvia, con innumerables goteras, y unos últimos de instalación eléctrica, que provocan "continuos apagones en las galerías y módulos".

Continúa el informe haciendo referencia a la premura de la apertura del centro, que fue inaugurado "con una asombrosa falta de funcionarios", y se detiene en los aspectos relacionados con la administración (el administrador, Juan José Moya, también ha sido destituido). En este sentido denuncia que "un punto crucial del deficiente funcionamiento del centro es el de que, debido a su complejidad y conflictividad, demanda un presupuesto mayor que el que puede tener asignado para mantenimiento del mismo".

Así, detalla que "es algo bochornoso observar que para la limpieza de un módulo (compuesto por dormitorios, comedor, patio, sala de televisión, sala de lectura y sala de juego) el material entregado se reduzca a algunas escobas, un par de fregonas y unas cuantas botellas de lejía por mes, material que, a todas luces, es insuficiente, y prueba de ello es que los internos, si quieren mantener limpias sus dependencias, deben ellos mismos comprar los utensilios de limpieza, bien en los economatos o a través del demandadero".

En este sentido explica que la prisión sólo cuenta con un equipo de mantenimiento, que se reduce a un fontanero y a un electricista, ambos con horario laboral de mañana. "Ejemplo claro de ello es que en determinadas celdas, pasillos y demás dependencias transcurren meses sin que sean solventadas sus deficiencias (cambios de bombillas, interruptores de luz, etcétera)".

"En este progresivo deterioro", indica, "influye no sólo el escaso servicio de mantenimiento, sino que se ve incrementado con la impunidad en la que se mueven los internos, impunidad referida a los daños y a los desperfectos de material producidos de forma voluntaria, cuya restitución, que reglamentariamente viene determinada en lo que respecta a la deducción de sus cuentas de peculio, no es llevada a cabo".

En cuanto al material, los funcionarios denunciantes ponen de manifiesto "el nulo control llevado a cabo por la dirección sobre el material entregado tanto a funcionarios como internos", y las numerosas deficiencias arquitectónicas del centro, tales como las dependencias de la centralita telefónica y el segundo rastrillo (puerta de control), "con una falta absoluta de seguridad debida a la nula visibilidad, que le impide al funcionario cerciorarse de la identidad de las personas que solicitan pasar por el acceso". Sobre la sala de proyecciones, explica que "no dispone ni de luces que faciliten su visibilidad interior ni de zona de seguridad".

Indica también que desde su apertura la prisión ha adolecido de una mínima clasificación, de manera que están juntos penados y preventivos; presos jóvenes y presos de mayor edad, y reincidentes y primarios.

Críticas a la dirección

El informe dedica un apartado especial a la dirección, encomendada hasta el pasado lunes a Carlos Parada, a quien acusa de ser "una de las causas fundamentales del deficiente funcionamiento del centro".Dicen los denunciantes que Parada ha perdido la confianza de los funcionarios; que lo que intenta es crearse imagen, y que actúa con absoluta indiferencia hacia sus subordinados. "Cuando entra en el interior de cualquier módulo ni siquiera se fija en el mismo y tan siquiera saluda al funcionario, como si se tratara de un elemento arquitectónico más, en este caso, móvil".

Por lo que respecta al servicio de vigilancia, se dice que "siempre ha dispuesto de gran escasez de medios humanos, si bien, a costa de desatender el servicio específico encomendado a cada funcionario, han podido ser atendidos todos aquellos servicios existentes, con riesgo de vulnerar la seguridad de la prisión".

El informe hace especial hincapié en la inexistencia de órdenes de la dirección, especialmente sobre cacheos y requisas de dependencias, "por lo que cuando éstos se realizan es por propia iniciativa de la jefatura de servicios y no porque de la dirección hayan sido demandados los correspondientes partes".

Los funcionarios denunciantes concluyen su escrito explicando que en los siete primeros meses de 1983 se contabilizaron 121 faltas muy graves y 167 faltas graves de los reclusos, "datos suficientemente acreditativos de la alta conflictividad y generalizada indisciplina que conlleva este establecimiento y demostrativos de la alta peligrosidad e inadaptabilidad de aquellos internos que fueron trasladados a estos centros, en su mayoría procedentes de la provincial de Madrid".