Explosivos Río Tinto podría verse obligada a cerrar su factoría de Castellón
El Ayuntamiento de Castellón, según sentencia del Tribunal Supremo, tiene la posibilidad de cerrar el suministro de amoniaco a la factoría que la empresa Unión de Explosivos Río Tinto (ERT) tiene instalada en El Grao de Castellón.La sentencia se refiere a un recurso interpuesto por ERT ante el Supremo por una moción de la alcaldía en la que se requería a esta empresa y a Campsa "para que cesen en la explotación, utilización y funcionamiento de las instalaciones destinadas a la conducción de fluidos desde las arquetas del muelle del puerto de Castellón hasta su respectivos almacenamientos". Esta moción fue llevada por Explosivos Río Tinto hasta la Audiencia Territorial de Valencia, la cual también falló en contra de la empresa, por lo que ésta recurrió al Tribunal Supremo. Durante todo este tiempo, desde el 30 de agosto de 1979, ERT ha venido utilizando esa conducción de amoniaco.
Uno de los considerandos de la sentencia señala que "la actividad ejercida sin licencia se conceptúa clandestina y, como una situación irregular de duración indefinida que no legitima el transcurso del tiempo, que su cese pueda ser acordado por la autoridad en cualquier momento". Para el Tribunal Supremo, tal como reconoce la sentencia, esa autoridad no es otra que el propio Ayuntamiento de Castellón.
Postura de diálogo
Victoria, pues, del Ayuntamiento de Castellón ante ERT en una guerra que se inició desde la toma de posesión del nuevo Gobierno socialista en el municipio de Castellón, tras las primeras elecciones. Antonio Tirado, alcalde de Castellón, ha declarado al respecto su postura de diálogo ante los directivos de la empresa de cara a analizar el futuro de la misma, asegurando, sin embargo, que "la seguridad de la población de El Grao es prioritaria ante cualquier otra consideración económica o presupuestaria".El cierre del suministro de amoniaco a la fábrica de ERT podría ser el primer paso de cara al cierre definitivo de esta factoría, considerada desde su entrada en funcionamiento como el máximo agente contaminante del distrito marítimo de Castellón, dados los actuales problemas financieros por los que atraviesa ERT.
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