Francia sufrió ayer importantes trastornos a causa de la huelga de los empleados de los servicios públicos

El desarrollo de la vida francesa fue duramente perturbado ayer en todo el país a causa de la huelga de los empleados de la función pública, que defienden su poder adquisitivo. El Gobierno no se manifiesta dispuesto a ceder ante una reivindicación que probablemente esconde otras, y que iría en contra de su estrategia económica actual.La consigna de paro de los empleados de los servicios públicos, y de manera más amplia aún la de los transportes, fue ampliamente seguida. La huelga fue convocada por todas las centrales sindicales, excepto por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), central socialista autogestionaria, que es de anotar que fue desbordada en algunos sectores.

La reivindicación oficial de los huelguistas se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de sus salarios (los cálculos sobre esa reivindicación oscilan, pero alguna central sindical hace saber que sólo el año pasado los funcionarios perdieron entre el 3% y el 4% del poder de compra).

El Gobierno, a su vez, en las negociaciones salariales que lleva a cabo por medio del ministro de la Función Pública, el comunista Anicet le P'ors, estima que el año último los funcionarios no perdieron poder adquisitivo, y que para que lo mantengan en 1984 el Estado les garantiza una prima de 10.000 pesetas para cada funcionario y un alamento del 1% de su salario actual a partir del próximo día 1 de abril.

Desde que los socialistas consiguieron el poder en 1981 y la izquierda (comunistas y socialistas) gobierna en Francia es la primera vez que los sindicatos de izquierda se echan a la calle. El número de funcionarios propiamente dicho alcanza la cifra de 2,5 millones, pero el total afectado por el movimiento de ayer es de ocho millones, al contar los asalariados de las empresas públicas y los jubilados.

Para el Gobierno socialista es una prueba de fuego. El mundo de la función pública es el que ha sido más favorecido desde que la izquierda llegló al poder: fueron creados, en un principio, 180.000 puestos de trabajo; el Estado hizo titulares a más de medio millón de becarios y aumentó los derechos sindicales, sociales y económicos de este sector público. Si a todo ello se añade la seguridad del empleo cabría imaginar que en estos tiempos de crisis, ya reconocida por la izquierda gobernante, los empleados del Estado serían menos exigentes con un Gobierno que además, para la mayoría de ellos, es su Gobierno (por ser de izquierdas, se entiende).

Enfrentamiento con el Gobierno

Esta primera manifestación antigubernamental de los sindicatos que, más o menos directamente, apoyan a la izquierda, oficialmente se centra en una reivindicación salarial; pero otras muchas motivaciones han paralizado al 75% de los empleados, según una estimación sindical realizada ayer noche, bastante superior a la de la policía.

La base electoral de los socialistas, que es amplia en este sector público, está decepcionada de una manera general con la Administración que dirige el presidente François Mitterrand. Son los que aquí se les llama decepcionados del socialismo, porque Mitterrand y sus Gobiernos sucesivos están realizando una política que no tiene gran cosa que ver con las promesas que hicieron durante varios quinquenios de oposición.

Esa decepción en sectores fundamentales del electorado de izquierda que cobran sueldos del Estado es rabia antigubernamental cuando se trata del mundo de la enseñanza laica, que no le perdona a Mitterrand su comprensión por la enseñanza católica. También entre los decepcionados se encuentran quienes reniegan de la política económica capitalista que, a su entender, conduce el Gobierno. Todo ello, tanto como el poder adquisitivo, paralizó ayer Francia. Pero nada indica que los responsables socialistas actuales cedan, porque ello significaría dinamitar su política económica de rigor, en la que Mitterrand ha empeñado las posibilidades de futuro de su socialismo.

Por otra parte, ayer se supo en Bruselas que el comité ejecutivo de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM) ha realizado una convocatoria a sus organizaciones afiliadas para que se manifiesten el próximo 30 de marzo en París en favor de la jornada laboral de 35 horas semanales. El británico Terry Dufry, presidente de la FEM, señaló en una conferencia de prensa que la manifestación se desarrollará en París porque Francia preside actualmente el Consejo de Ministros de la CEE.