Una ley a la medida de UGT

La ley de Libertad Sindical significa, junto con la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la de la ley básica de Empleo, la puesta en práctica de la política de concertación social propugnada por el Gobierno.Sin embargo, las buenas intenciones mostradas por miembros del Gabinete socialista para lograr un amplio consenso con sindicatos y organizaciones empresariales en la promulgación del paquete de medidas laborales, se quedaron más en el deseo que en los resultados.

La ley de Libertad Sindical fue negociada hasta la saciedad con UGT, muy poco con los demás sindicatos -incluido CC OO- y menos aún con la patronal. De ahí que el texto fuera tildado de excesivamente parecido al modelo sindical de la central socialista, consolidación de las secciones sindicales, y que además tuviera como objetivo fundamental apoyar a los sindicatos de mayor implantación en perjuicio de las centrales minoritarias.

La ley restringe el derecho a crear sus propias organizaciones sindicales a los parados o jubílados y a los trabajadores autónomos -cabría preguntarse qué carácter tendrán a partir de ahora las asociaciones agrarias y gremiales-, aunque les permite afiliarse a sindicatos ya implantados. Recorta el derecho a aquellos trabajadores que desarrollan su labor para organismos militares, y deja fuera de ella a los miembros de las fuerzas e instituciones armadas de carácter militar. Es, por otro lado, una ley con carácter retroactivo, precisamente en el aspecto que más beneficia a UGT. Las normas por las que se regían las elecciones sindicales establecían hasta ahora un mandato de dos años para los delegados electos.

El nuevo texto alarga en otros dos años el período electoral, con lo que hasta 1986 no habrá nuevas elecciones. Si bien prácticamente todos los sindicatos están de acuerdo en prolongar el mandato, ninguno, salvo UGT, esperaba que los delegados elegidos de acuerdo con una normativa anterior se vieran automáticamente obligados a continuar ostentando un cargo en el que habían sido colocados por sus electores con un límite temporal previamente marcado.