El Gobierno aprueba la posible expropiación de obras culturales mal conservadas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley del Patrimonio Histórico español, que, entre otras cuestiones, rebaja el 26,6% actual al 5,6% en el impuesto de lujo en la adquisición de obras de arte, establece que el 1% de todas las inversiones estatales se dedicará al patrimonio cultura], y prevé la posibilidad de expropiación de los bienes culturales en peligro de perderse por falta de conservación, así como el derecho preferente de compra de este tipo de bienes por parte del Estado.

El Gobierno aprobó ayer también la transferencia de los servicios del Insalud a la comunidad autónoma andaluza, y un crédito extraordinario de 38.951 millones de pesetas en concepto de cantidades que debe percibir la Generalitat de Cataluña por los servicios traspasados. También se aprobó el nuevo modelo de Documento Nacional de Identidad y la reprivatización de otras dos empresas de Rumasa.Según explicó el ministro de Cultura, Javier Solana, la ley del Patrimonio Histórico sustituirá a la vigente de 1933 atendiendo a las nuevas circunstancias y las aportaciones doctrinales sobre la materia. El ministro subrayó que la concepción progresista de la ley hace que no entre en la cuestión de la propiedad de los bienes culturales, sino que atiende fundamentalmente a su función social. "No es cierto, por tanto, que se trate de una ley estatalizadora. Nada más lejos de la voluntad del Gobierno que 'nacionalizar las catedrales' como se ha dicho".

No obstante, el Estado podrá expropiar los bienes artísticos mal conservados, si el propietario no se acoge a los beneficios de la ley, y tendrá derecho preferente de adquisición de estos bienes cuando sean puestos a la venta. En el caso de la Iglesia, sus bienes inmuebles que formen parte del patrimonio cultural no podrán ser enajenados a particulares, sino únicamente a las administraciones públicas. El ministro afirmó que está convencido de que la Iglesia tiene una actitud positiva a este respecto.

La ley contiene medidas contra la expoliación del patrimonio cultural, prohíbe la exportación de los bienes que forman parte de él, y obliga a que el 1 % de todas las inversiones del Estado o en las que participe el Estado se dedicará a conservación o acrecentamiento del patrimonio artístico.

Transferencias a Andalucía

El Consejo aprobó la transferencia a la Junta de Andalucía de los servicios del Insalud. Según recalcó el portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos, supone el mayor traspaso que hasta ahora ha realizado el Estado a una comunidad autónoma. Se transfieren 262 instituciones sanitarias, 37.880 empleados y funcionarios, 144.769 millones para gastos de funcionamiento y 5.814 millones para inversiones.Se autorizó a la Empresa Nacional de Autocamiones, SA (ENASA) para comprar la fábrica británica Seddon Diesel Vehicles, en la que se invertirán 2.400 millones de pesetas, para asegurar la red de concesionarios de la empresa española con vistas a nuevos productos, exportar el equivalente a unas 800 unidades equivalentes anuales y generar empleo de unas 390 personas en ENASA y otras 1. 170 en proveedores españoles.

El Consejo aprobó un programa de emisión de deuda pública por 176.000 millones de pesetas, y autorizó la venta directa a la firma Pérez Jiménez SA, del 50%.de las acciones de Calmante Vitaminado y a Javier Serra Masana del 80% del capital social de Dana SA, ambas empresas menores de Rumasa.

Sotillos dijo que el aumento de 90.000 parados en enero se explica en gran medida por causas coyunturales, como el cambio en el sistema de subsidio al desempleo agrario, que ha hecho que numerosas personas se inscriban en las oficinas de desempleo.