Pugna política para rebajar los poderes del comisario general

El retraso en la aprobación del reglamento general de la Expo-92 y las propuestas formuladas desde algunos sectores políticos para que el comisariado sea dotado con una ley que clarifique sus relaciones con las demás autoridades estatales, autonómicas y locales obedece a una pugna para reducir o condicionar los pienos poderes que el comisario tiene atribuidos en el reglamento de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), según interpretaciones recogidas en medios de la Administración.La Exposición Universal de 1992 será compartida por las ciudades de Chicago y Sevilla, de acuerdo con los compromisos asumidos por los Gobiernos de Estados Unidos y de España, respectivamente, en el marco del BIE.

Según el reglamento para ambas sedes -aún no aprobado por el Gobierno español-, el comisario general tiene plenos poderes: controla las normas de funcionamiento, puede suspender toda actividad perjudicial para el desarrollo de la Exposición Universal de 1992 y se encuentra por encima de cualquier autoridad de nivel inferior al propio Gobierno de la nación.

Los poderes de que gozará el comisario constituyen una clave importante de la contestación sevillana al nombre de Bofill.

Frente a los grupos de intereses económicos en juego, la llegada de un extraño puede hacer que se esfumen muchas expectativas de la iniciativa privada o que las relaciones financieras del comisario desplacen a las que los promotores sevillanos habían preparado.

Pero, al mismo tiempo, la designación de un comisario general completamente ajeno a Andalucía provoca el recelo político de las autoridades autonómicas, celosas de mantener el control sobre el máximo número de competencias posible.

Si este comisario queda investido de poderes para condicionar la actuación de toda la Administración pública en lo que se relacione con la exposición y sólo tiene por encima de él al Gobierno de la nación, el papel futuro de la autonomía andaluza podría ser mucho menos brillante del que esperaban sus máximos rectores, de acuerdo con interpretaciones recogidas en medios socialistas.

El andalucismo agraviado tendría así razones para haber trasladado la polémica al propio seno de la cúpula socialista.

Su sentido último sería reducir los poderes del comisario y hacer que éste haya de contar con más autoridades que la suya personal de cara a la organización de la Exposición Universal de 1992.

Luis Yáñez, presidente del ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana) sigue pensando que la persona de Ricardo Bofill ofrece muchas garantías.

"Es un hombre al que esta propuesta le cae desde fuera; no tiene nada que ver con las tramás paralelas que, por lo que parece, están organizadas en Sevilla. Que Bofill tenga relaciones internacionales o contactos financieros puede ser incluso interesante para movilizar recursos destinados a la exposición".