Nueva política hidráulica

El Real Decreto-ley de 23 de diciembre de 1983, que acaba de convalidar el Congreso de los Diputados con el acuerdo de que sea tramilado con carácter de urgencia como proyecto de ley, vuelve otra vez a recordarnos -por si ello fuera necesario- no tanto la necesidad de regular normas de emergencia para hacer frente a los requerimientos planteados por una sequía que cuenta con el agobiante calendario de cinco años consecutivos, cuanto la urgencia de acabar con los parches legislativos sustituyéndolos por la tan cacareada ley de Aguas que ha de reemplazar a la que en 1979 cumplió un siglo de buenos servicios.El problema de la sequía viene ocupando desde hace años y en sucesivas legislaturas unos momentos y unas tramitaciones parlamentarias -decretos-leyes, leyes específicas, debates- que quisiéramos fuesen aprovechados en otros menesteres de mayor entidad, porque hubiese bastado con una primera ley para dictar normas contra la sequía mientras persista y no el buscar cada año el mismo entretenimiento parlamentario. ( ... )

Si la irregular distribución de las lluvias. no puede entrar en propósito alguno de corrección porque escapa, por hoy, a todos nuestros poderes tecnológicos, no ocurre lo mismo con las posibilidades que tenemos para disminuir los efectos de las lluvias torrenciales y para regular el aprovechamiento de los recursos de nuestras redes fluviales y de los acuíferos subterráneos.

El territorio de la España peninsular -lo hemos señalado más de una vez- tiene una muy desigual distribución de recursos hídricos para su aprovechamiento. Hay regiones hidrológicas con escasos recursos y las hay con insuficiente capacidad de regulación para disponer de los que poseen. En el primer caso no hay más solución que la derivación de caudales de otras cuencas que los tengan en abundancia; en el segundo, el remedio está en la construcción de presas. Y todo ello combinado con el racional aprovechamiento de los acuíferos subterráneos donde los haya. ( ... )

4 de febrero